El gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a declararle la guerra a la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente, Horacio Rosatti, asumió este lunes al frente de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, con 20 miembros, como antes de 2006. El juez configura una amenaza para el kirchnerismo en su poder estratégico de designación y remoción de jueces. La Corte Suprema anuló un fallo de un juez oficialista, lo denunció ante el Consejo y ordenó aceptar la presidencia de Rosatti. Así se configura un nuevo conflicto de poderes en la República Argentina.
La Corte Suprema asumió al frente del Consejo de la Magistratura y el oficialismo denuncia un «golpe blando». ¿Qué alternativas existen para resolver la crisis institucional?
En esta batalla Alberto Fernández está alineado con la vicepresidenta Cristina Kirchner. La ex presidenta busca desde que asumió el Gobierno garantizarse el control del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura es un organismo clave para ese objetivo. En este punto no hay grieta entre ambos, más allá de las recriminaciones de ella por la supuesta falta de acción de él.
El Gobierno y el Frente de Todos consideraron la asunción de Rosatti como un “golpe institucional” porque la Corte derogó la composición del Consejo que regía hasta 2006. Pero al mismo tiempo, Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desoyen el fallo de la Corte y se niegan a designar a los dos miembros que faltan por la oposición.
La Corte consideró que el juez federal de Paraná Daniel Alonso cometió un «alzamiento inadmisible» contra la Corte y buscó bloquear la asunción de Rosatti y la designación de dos consejeros. El máximo tribunal lo denunció al juez ante el Consejo por mal desempeño y desconocimiento de la ley. Ahora, el conflicto es abierto entre la Corte y el Gobierno.
¿Quién es Horacio Rosatti?
Rosatti es un hombre resistido por la Casa Rosada y por el Frente de Todos. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor. El kirchnerismo no lo puede digerir desde que, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, le pidió la renuncia al Ministerio; Rosatti declaró que lo habían echado porque se opuso a supuestos sobreprecios en la construcción de cárceles.
Hombre del peronismo de Santa Fe, Rosatti había sido Procurador del Tesoro de la Nación, el ente que nuclea a los abogados defensores del Estado nacional, y también fue intendente de la capital santafecina. De esa gestión arrastra una causa judicial por la supuesta percepción de sobresueldos con dinero de los salarios de sus subalternos, que fue denunciada por un mensaje anónimo.
Dentro de la interna de la Corte, Rosatti siempre estuvo enfrentado a Ricardo Lorenzetti, el ex presidente del máximo tribunal, que pretendía regresar al cargo el año último, cuando fue designado Rosatti con el apoyo de Juan Carlos Maqueda y de Carlos Rosenkrantz, el antecesor en la conducción, y de Elena Highton de Nolasco, que luego renunció por su edad.
Dentro del peronismo santafecino, Rosatti quedó enfrentado con el kirchenrismo duro que durante muchos años lideró Agustín Rossi; ahora Rossi podría volver al gabinete si Alberto Fernández le encuentra un ministerio.
Desde el lunes Rosatti quedó con la doble función de presidente de la Corte y del Consejo. Esta doble función data de la ley que regía hasta 2006, que fue derogada por el Congreso de la Nación, que redujo de 20 a 13 miembros la composición del Consejo. Precisamente, la Corte falló que esa integración era inconstitucional porque le daba a la política una preminencia en la decisión del Consejo y postergaba a los jueces, abogados y académicos.
La Corte a fin del año pasado le dio al Congreso un plazo de 120 días para reformar la composición del Consejo y si no lo hacía se volvería a la vieja composición previa a 2006. Ese período vencía el viernes último, con lo cual ayer comenzó a regir aquella ley derogada.
Por lo tanto, luego de muchas impugnaciones verbales del kirchnerismo, la Corte Suprema ratificó este lunes que el Consejo debía ser presidido por Rosatti. El kirchnerismo está dispuesto a recurrir a tribunales internacionales y a desoir el fallo de la Corte mediante el cual el Congreso debe nombrar a dos representantes del Poder Legislativo por la oposición.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, que preside el Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no están dispuestos a cumplir con esos nombramientos. De ese modo, el Consejo estaría funcionando con 18 miembros. La Corte Suprema ordenó que de todos modos funcione con ese número.
También el kirchnerismo baraja la posibilidad de iniciarle un juicio político a Rosatti. Pero el Frente de Todos no tiene el número suficientes en las cámaras de Diputados y de Senadores para que prospere ese trámite parlamentario.
Cómo será la nueva composición del Consejo y cómo funcionará
“Rosatti no es querido en la política en general. Porque cuando Néstor Kirchner lo echó, lo denunció por sobreprecios en la construcción de cárceles. Y cuando gobernaba Mauricio Macri le votaba todo en contra al gobierno macrista, que lo había designado por decreto, aunque luego lo votó el Senado”, dijo un observador muy cercano a la Corte Suprema.
Hasta el viernes, el Consejo tenía 13 miembros. De los 7 que faltan, uno será Rosatti, pese a que el gobierno de Alberto Fernández todavía pelea por evitarlo. Además, asumirán dos representantes de los abogados, elegidas hace dos semanas, Jimena de la Torre, apoyada por Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, con el apoyo del oficialismo, y una consejera jueza, Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno.
Todavía falta un consejero por el sector académico que será elegido este lunes, y los dos representantes parlamentarios que Cristina Kirchner y Sergio Massa no quieren nombrar.
El radicalismo exigió que fuera designada como representante de la UCR en el Consejo la diputada Roxana Reyes y por el PRO reclamó nombrar al senador Luis Juez.
Durísimo fallo de la Corte contra el Gobierno y el juez de Paraná
En un durísimo fallo, la Corte Suprema anuló este lunes el fallo del juez Daniel Alonso y lo denunció ante el propio Consejo por mal desempeño y «desconocimiento». Consideró que la sentencia de primera instancia “representa un alzamiento inadmisible” contra el máximo tribunal, que emitió un fallo firme y es la instancia superior.
Ahora, el propio Consejo de la Magistratura tendrá que tramitar la denuncia contra el juez que falló en su contra. Según el consejero y diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, Cristina Kirchner y Massa deben cumplir el fallo de la Corte y nombrar a los dos consejeros de la oposición legislativa y de lo contrario “incurrirían en desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Señaló a A24.com que “la Corte puso al juez en su lugar”.
Tonelli dijo que el Consejo puede funcionar con 18 consejeros en caso de que el Frente de Todos se niegue a nombrar dos consejeros de la oposición. Así, habría paridad entre el oficialismo y la oposición para nombrar y remover jueces.
En cambio, si asumen los dos consejeros de la oposición, éste sector tendría mayoría, pero ninguno de los bandos tendría los dos tercios asegurados que son necesarios para nombrar y destituir jueces. “Por lo tanto en cualquiera de los casos, tendremos que sentarnos a acordar los nombres de los jueces para lograr los dos tercios para la designación”, dijo Tonelli a este portal.
El Gobierno intentará sancionar la nueva ley del Consejo
En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, echó más leña al fue y al caer la noche dijo que el Gobierno “no puede permitir” que la Corte “legisle” sobre el Consejo en “facultades del Poder Ejecutivo”. Señaló a C5N que el Frente de Todos intentará sancionar la ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura que estaba en Diputados. Pero el oficialismo no tiene por ahora el número para garantizar que el proyecto del Senado sea aprobado en la Cámara baja.
El diputado Mario Negri, de la UCR, reclamó a Cristina Kirchner y a Massa «que no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuestos por el radicalismo y el PRO, tal como establece la ley de 1997 a la que se retornó según el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006», señaló Mario Negri.
Mediante un comunicado, el Frente de Todos reclamó una extensión de plazo de 90 días para que el Congreso pudiera sancionar una reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, en línea con la sanción del proyecto de ley que había aprobado el Senado hace dos semanas y que luego en Diputados no hubo tiempo para tratar.
“En ningún momento hubo una presentación formal pidiendo más plazo. Si los implicados no lo pidieron, la Corte no puede intervenir por motu propio para darle más plazo, más cuando los abogados, los jueces y los académicos cumplieron”, dijeron fuentes judiciales en diversos medios.
En caso de que el Congreso no designe los representantes que faltan, dos de la oposición, entonces sería considerado por Juntos por el Cambio como un «alzamiento institucional» y de extrema gravedad. Por lo tanto, se produciría un conflicto de poderes entre el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
Fuente: A 24