En dos años, aseguran desde la cartera de Educación, hubo cerca de 8.000 licencias menos en promedio respecto de 2015, lo que equivale a alrededor del 40%.
Esta semana se conocerá, probablemente, la sentencia de la Suprema Corte sobre el ítem aula, la medida que la Dirección General de Escuelas (DGE) implementó en la paritaria 2016 para controlar el ausentismo docente y que el SUTE denunció como inconstitucional. A dos años de su aplicación, la DGE dijo que los resultados son evidentes y que si el máximo tribunal sugiere modificaciones las aceptarán en tanto no afecten su efectividad, según publicó UNO de Mendoza.
«Hoy hay resultados que creo que deben ser tenidos en cuenta», dice el titular de la cartera de educación de Mendoza, Jaime Correas. Pero no es él el que tiene los números finos, sino el director general de Administración, Gabriel Sciola, quien maneja los datos duros sobre el ausentismo docente.
Con papeles con gráficos de barras, tablas y fibrones, Sciola muestra cómo cuando asumieron, de un total de 54.000 empleados que tiene la DGE, a junio de 2015, 24.770 estaban con licencias.
«Desde la aplicación del ítem aula, fue estrepitosa la caída y después se ha mantenido, el comportamiento es similar del 2016 a 2017», explica y muestra que en junio de 2016 –toman ese mes como testigo– hubo 16.073 licencias y en junio 2017 hubo 16.498, es decir, cerca de 8.000 licencias menos en promedio respecto de 2015, lo que equivale a alrededor del 40%.
Las licencias
Como, lógicamente, no se puede dejar un aula sin docente, esas licencias implican que se deba llamar a un suplente al que, por supuesto, hay que pagarle por su tarea. «Hicimos una estimación y el Estado en un año se ahorró $1.000 millones en remplazos», afirma Sciola y ante la repregunta, repite: «En un año, de 2015 a 2016, fueron $1.000 millones menos en pago de remplazos, ese es el ahorro del ítem aula, por la disminución de cantidad de días y de cantidad de horas que se pagaron».
Tanto Sciola como Correas dejan claro que ese dinero, que equivale a menos del 10% del presupuesto total de la DGE, es un monto que no es que se guardó, sino que no se gastó. «Esas medidas han permitido meter en caja los números del Estado, esto era déficit. Es ahorro sobre algo que ibas a gastar», afirma Correas.
Análisis político
«Las cifras muestran que no es lo mismo faltar que no hacerlo. Esto sirvió para reconocer a quien realmente está en la escuela y está en el servicio educativo. Antes había mucha gente que no iba y cobraba igual que el que iba», recalca Correas en su evaluación de los dos años del ítem aula.
Afirma que nunca dudaron porque el sistema «es muy simple y creemos que está bien equilibrado».
«Cuando vimos que había que hacer ajustes los hicimos. Vimos que podían ser trabas para esta resolución de la Corte. Creemos que lo que quedó estuvo bien», dice Correas sobre la ampliación que se hizo a los cambios de funciones.