El
intendente Ignacio Jarsún (Frente Romero-Olmedo) presentó tres
denuncias penales contra el ex jefe comunal, que ya está procesado por
fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y
peculado, y a la espera de ser juzgado, en una vieja causa, expediente
79316/99, en la que se investigó a tres ex intendentes por la
desaparición de fondos que estaban destinados a las Cooperadoras
Asistenciales de Cerrillos, Campo Quijano y Rosario de Lerma.
Así lo informó el presidente del Concejo Deliberante de Rosario de
Lerma, Renato Ramírez, quien fue facultado por el cuerpo que preside
para constituirse en actor civil en la causa que ya está lista para
juicio y que data de finales de la década del 90.
Ramos dejó la intendencia de Rosario de Lerma en diciembre de 2015,
tras cinco mandatos que no fueron interrumpidos ni siquiera con la
denuncia por el fraude con los fondos de las Cooperadoras Asistenciales.
Ni bien asumió, Jarsún comenzó a señalar el desorden que encontró en
la municipalidad rosarina. En marzo pasado realizó tres denuncias
concretas contra Ramos.
Ante la Unidad de Delitos Complejos y el Juzgado Federal N° 2 pidió
que se lo investigue por no haber depositado las retenciones que el
municipio realizaba del impuesto a las rentas. Se trata de un impuesto
provincial y existe un acuerdo entre la provincia y los municipios, que
son los agentes retenedores, para que éstos depositen las recaudaciones
en una cuenta de la Provincia. Ramírez detalló que en el caso de Rosario
de Lerma los registros indican que hubo depósitos normales durante
varios años hasta que en 2009 comenzó una etapa en la que a veces se
hacían los depósitos y otras veces no, y en el último tiempo
directamente no hay asiento de depósitos.
Algo similar ocurrió con las retenciones que se hacen a los
trabajadores y que debían ser depositadas en las cuentas de los tres
sindicatos que tienen representación gremial en la municipalidad
rosarina: el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de
la Nación (UPCN). Por esto se hizo la segunda denuncia.
Más de $2.000.000
Las deudas por los dos conceptos totalizan los 2.300.000 pesos. En
ambos casos poco antes de abandonar su cargo Ramos acordó planes de pago
con los deudores, lo que para las nuevas autoridades puede entenderse
como una intención de obturar su gestión: No puede comprometer de esa
manera el bienestar de los vecinos, sostuvo Ramírez. Añadió que no hay
constancias para saber qué destino se dio a esos fondos faltantes.
La tercera denuncia, realizada ante la Fiscalía Penal de Rosario de
Lerma, es por la destrucción de una camioneta Ford Ranger 4×4 que
apareció en un taller, desmantelada, sin el motor. En este caso la
acusación alcanza también a quien era el encargado del parque automotor,
Miguel Delgado.
