El primer encuentro del gobierno bonaerense con los gremios docentes fue algo más que una cita inicial de estudio o de semblanteo. María Eugenia Vidal jugó una carta inesperada –un pago especial por el presentismo del año pasado- junto a la sí esperada y escasa propuesta de 15% de aumento salarial sin cláusula gatillo.
Está claro que es el comienzo de la negociación y también, que la discusión no será un tema exclusivo de caja: anotó un punto central para esta paritaria, es decir, la cuestión de la asistencia de los maestros. No es poco, pero no es todo.
La primera ficha colocada en el paño de la negociación apunta naturalmente a la discusión con el frente gremial docente, un conjunto de cinco entidades con criterios no siempre calcados en el que sobresale Roberto Baradel por su juego político como opositor duro, alineado con el kirchnerismo y con lugar preferencial reservado en el palco que montará Hugo Moyano el miércoles, en la 9 de Julio. Eso le suma tensión e interés a la suerte de las tratativas con los docentes bonaerenses que arrancaron anteayer.
Además, está claro que los acuerdos o desacuerdos en la provincia serán como siempre una referencia nacional. Y también como es habitual, lo que ocurra en esta negociación que compromete fondos de la provincia constituirá un mensaje en sí mismo para las paritarias con el resto de los estatales.
Con todo, otros tres elementos se destacan en el tramo final de este verano difícil para el oficialismo. El primero es que el encauzamiento de las negociaciones paritarias resulta vital para el oficialismo, en línea con una estrategia más amplia orientada a debilitar y acotar en el tiempo la ofensiva encabezada por Moyano y asumida como propia por el kirchnerismo sindical y el político.
Contra el clima de desgaste
El segundo está relacionado directamente con el anterior y tiene que ver con la necesidad del Gobierno de revertir el clima de desgaste que arrastra desde diciembre. Y el tercero es que Vidal sigue plantada como pieza central del macrismo y, por lo tanto, representa un capital político a erosionar para la oposición más dura.
La gobernadora, que encara el año con presupuesto oxigenado y planes de obras y otros proyectos en continuado, sobre todo en el GBA, no abandonó la idea de ampliar el temario de discusión con los jefes sindicales docentes.
El jueves, mostró su juego en la primera reunión por las paritarias. Sus funcionarios, de hecho, hicieron un anuncio: el pago de 4.500 pesos por única vez, para los docentes que no registraron ausencias el año pasado, saldrá por decreto, según explicaron fuentes de la gobernación. En otras palabras, no es parte de la negociación, sino una decisión tomada, una señal. Alcanzaría a más de 50 mil maestros, de acuerdo con los primeros trascendidos.
Esa medida, además de exponer insistencia con el tema, apunta a incorporar al temario la cuestión del crónico ausentismo en franjas importantes de la docencia bonaerense. Los gremios resisten el abordaje de este tema en términos de recomposición salarial y, por supuesto, rechazan la oferta inicial de un 15% de aumento sin mecanismo automático de ajuste frente a la inflación.
Ese punto, el de la cláusula gatillo, fue puesto sobre la mesa por el gobierno provincial en las duras tratativas del año pasado y resultó determinante para superar el extenso conflicto. La decisión presidencial de bajarlo de la agenda generó incomodidad en las cercanías de la gobernadora. En los últimos días, con todo, se percibe cierta flexibilidad para discutir con algo de ingenio alguna otra fórmula de revisión.
El techo a las paritarias
La cuestión supera por mucho los límites de la paritaria docente. Y no es cuestión de nombres. Un experimentado y pragmático dirigente sindical lo resume así: «Que la llamen como quieran, pero sin cláusula gatillo o cualquier otra forma de revisión, las paritarias no cierran». Lo admite también una fuente legislativa de primer nivel de Cambiemos: «En el ámbito de los privados, las paritarias se van a ir arreglando de manera libre, como cada sector quiera o pueda reajustar. El tema es el Estado».
En los últimos días, el acuerdo más señalado es el de AySA. El gremio, conducido por el «independiente» José Luis Lingeri, cerró una suba anual del 15%, con dos añadidos: en primer lugar, fue establecida una recomposición previa del 2,8%, por el desfasaje salarial de 2017, y en segundo término, quedó abierta la puerta para revisar el acuerdo en función de la ecuación entre salarios e inflación de este año. Nadie lo considera un convenio modelo, pero sí un camino posible.
Es sabido que en las muchas conversaciones de funcionarios con jefes sindicales la fórmula del 15% por ciento de aumento salarial sin cláusula gatillo fue planteada como referencia, no como exigencia. Los dirigentes de los sindicatos de mayor peso –»gordos», «independientes» y desmarcados, todos de diálogo fluido con el Gobierno- no suelen confundir batallas internas, como la que terminó de disparar Moyano, con sus propias necesidades gremiales y la realidad de sus afiliados.
Expectativas inflacionarias
En rigor, esa flexibilidad con los gremios de la producción, que empieza a advertirse en estos días, parece más razonable que el discurso cerrado en contra de la cláusula gatillo, descalificada por algunos hombres del circuito presidencial. Según esa visión, el reajuste automático como criterio generalizado alimentaría expectativas inflacionarias. La práctica indicaría lo contrario, porque los mecanismos de revisión evitarían las batallas por acuerdos rígidos con porcentajes por encima incluso de los pronósticos de inflación anual más difundidos, que rozan el 20%.
Además, gravita el componente político y social. Una pelea con posturas inflexibles podría conspirar en definitiva contra el objetivo de bajar tensiones y restarle espacio a Moyano, convertido en principal adversario del Gobierno. La linealidad de esa disputa, que se anota lejos de un debate sustancial sobre el modelo sindical, reclama al menos cuidar los puentes con el sindicalismo tradicional.
El Gobierno registra el mensaje gremial y las complicaciones en ese frente. La decisión de desarmar la llamada reforma laboral fue un mensaje en esa dirección. No puede, entonces, complicar innecesariamente el camino de sus coyunturales aliados sindicales. Y también necesita mostrar capacidad de encauzar y contener el conflicto.