La justicia jujeña tiene en su poder casi media docena de
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por actividades de la
dirigente de la Agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, que son emitidos por organizaciones financieras cuando el perfil de cliente hace gastos que no están acordes con sus ingresos.

La mayoría de esas alertas ante posibles casos de lavado de dinero
que partieron de entidades financieras o aseguradoras está relacionada
con la compra de automóviles, algunos de alta gama, dijeron fuentes
judiciales.

Pero hay un reporte en particular que sorprendió a los
investigadores jujeños: lo realizó en 2011 la AFIP cuando era comandada
por Ricardo Echegaray y ya advertía sobre la operatoria de la Tupac Amaru que
recibía grandes cantidades de dinero del Estado nacional los que se
perdían fraccionados en cheques en manos de cooperativistas y que no se
aplicaban a los fines sociales a los que estaban destinados.

Este Reporte de Operación Sospechosa fue enviado por la AFIP a
la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2011 cuando el organismo
antilavado era conducido por José Sbatella, ex funcionario
kirchnerista que hoy es investigado por usar los recursos de sus oficina
para proteger a empresarios amigos como Lázaro Báez o complicar a
opositores.

Sbatella recibió el ROS de la AFIP, le dio un trámite formal mandando
un oficio para pedir datos y luego lo cajoneó durante cinco años hasta
que ahora apareció cuando fue solicitado por la justicia jujeña.

Los ROS de Milagro Sala fueron pedidos a la UIF por la fiscal de instrucción jujeña Liliana Fernández de Montiel,
que investiga a Sala. La UIF, comandada por Mariano Federici con la
llegada de Mauricio Macri a la presidencia, ahondó la búsqueda en sus
archivos sobre los antecedentes que tenía sobre Sala y halló los ROS que
le envió a la justicia jujeña.

Se trata de reportes realizados por la adquisición de vehículos que
realizó Sala. Entre 2005 y 2014 Sala declaró al fisco diez automóviles
diferentes, incluida una poderosa camioneta Toyota Land Crusier Prado
2006, adquirida por $ 260.420 en 2007, y antes tuvo una camioneta Nissan
Frontier 4X4, 2005 valuada en $ 72.700. Su último auto declarado es un
Smart Coupe for Two, Passion, modelo 2012, pero adquirido en 2014 por $
205.500.

Operaciones llamativas. Los movimientos de la Tupac
Amaru que llamaron la atención de la AFIP en 2011 tal vez se deban a que
ese año la organización declaró tener activos por $ 20 millones y
ventas por $ 10 millones, los más altos de los últimos cinco años.

Sala fue detenida el 16 de enero último en su casa, después de más de
un mes de acampe en la plaza frente a la Casa de Gobierno de Jujuy en
protesta por las medidas que implementó el gobernador Gerardo Morales (UCR) para el registro de cooperativas.

Estaba acusada de «instigación a cometer delitos» y «tumulto en
concurso real». Pero las pruebas sobre los manejos discrecionales de
fondos públicos nacionales hicieron que las acusaciones se
multiplicaran.

Así además de denunciar a Sala y a su entorno por fraude y asociación
ilícita, el gobierno amplió las denuncias penales contra ex
funcionarios de la gestión del kirchnerista Eduardo Fellner, predecesor
de Morales.

Se trata del ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú; el vocal social del organismo, Pablo Tolosa, y la jefa del Departamento Administrativo Financiero, Marta Gutiérrez.

Las evidencias más contundentes que terminaron por complicar la
situación de Sala fueron los videos de las cámaras de seguridad del
Banco Nación, que mostraron cómo colaboradores de la dirigente se
llevaban de la ventanilla bolsos con 14 millones de pesos.

Fueron Patricia Cabana, Javier Rivero e Iván Altamirano, los tres
integrantes de la cooperativa Pibes Villeros, que terminaron detenidos.
Luego fueron excarcelados.

El fiscal Millón Quintana aseguró que casi todos los fondos
ingresados el 2 y 3 de diciembre de 2015 a la cooperativa Pibes
Villeros, de la Tupac, se retiraron el día 3. La operación fue de $ 14
millones. El 4 hubo un nuevo ingreso y el 9 de diciembre se retiraron
otros $ 14 millones. Dos de esos cheques pagados por $ 3.639.000
provenían de dinero recibido del gobierno nacional por adendas
irregularmente concedidas por mayores costos por obras ya construidas.
Esos adicionales hicieron crecer el monto de lo presupuestado por las
obras hasta un 37% y fueron otorgados cuando el gobierno nacional ya
tenía constancias de que las obras estaban finalizadas, dijo el fiscal.