Mientras la inflación se sigue comiendo los ingresos de los sectores medios y bajos de la sociedad y el INDEC mostró de nuevo una tendencia de aumento creciente de la indigencia en el país, los conflictos gremiales y sociales en reclamo de aumentos salariales terminaron acaparando todos los debates. La discusión se potenció no solo entre empresas y gremios por la dura puja distributiva, sino dentro del gobierno y en la primera jornada de debate del Presupuesto 2023 en el Congreso, con el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezando la defensa del plan económico del Gobierno.
El Gobierno pide a la oposición «acuerdo político» en el Congreso para aprobar el presupuesto 2023, pero la inflación y los conflictos sociales tensionan la discusión política.
Mientras las organizaciones sociales y gremios de izquierda que integran la Unidad Piquetera, volvieron a copar las calles porteñas con un acampe de más de 36 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno insistía en la negativa de aumentar la cantidad de planes sociales.
Por otra parte, el duro conflicto gremial del sector de neumáticos –que comenzó hace 5 meses como una discusión paritaria puntual- se transformó en la punta de lanza de un sindicalismo combativo que pretende poner en duda el plan de ajuste implementado por el nuevo ministro y amenaza con paralizar toda la cadena de producción de la industria automotriz por la falta de cubiertas.
Dentro mismo del oficialismo, se encendieron las alarmas de una nueva interna sobre el manejo de la crisis, que se potenció por la imparable inflación y los reclamos de aumentos salariales que el kirchnerismo considera «urgentes» y el Gobierno intenta patear para octubre. El líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, y dirigentes sindicales kirchneristas como Hugo Yasky de ATE y Claudio Lozano son algunas de las voces críticas que aparecen. También Cristina Kirchner pidió vía Twitter relanzar las políticas de control de precios de alimentos.
En ese sentido, volvió la vicepresidenta Cristina Kirchner, a opinar sobre la gestión por primera vez después del atentado, y desde que Sergio Massa es ministro de Economía, para reclamar al Gobierno aumentar los controles sobre las empresas alimenticias formadoras de precios. Cristina se hizo eco del aumento del índice de indigencia dado a conocer este miércoles por el INDEC, pero no dijo nada sobre la discusión interna sobre los mecanismos que tiene el gobierno para impulsar los aumentos salariales: por decreto como reclama el kirchnerismo, o mantener las paritarias, como sostiene Alberto Fernández y los gordos de la CGT.
Neumáticos: el conflicto gremial que amenaza con expandirse a otros sectores
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni -uno de los más criticados por el kirchnerismo en la interna con Alberto Fernández- volvió a quedar en el ojo de la tormenta en las últimas semanas.
Después de ser ratificado por el presidente en el cargo con el apoyo de los «gordos» de la CGT, le ordenaron centralizar las negociaciones con empresarios de las 3 fábricas de neumáticos paralizadas por el paro gremial: Bridgestone, Fate y Pirelli, y pedirles que cedan a los reclamos de los gremialistas de SUTNA. Estuvieron largas horas sentados en una mesa en la sede del ministerio de Trabajo, pero sin una solución a la vista. La discusión pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 13.
Lo intentó ayudar Juan Manzur, desde la Casa Rosada al poner a disposición del conflicto a todo el gabinete nacional acusando a los dirigentes sindicales del sector de tomar una postura «inflexible» y reclamar el diálogo para no poner en riesgo la producción de automóviles y miles de fuentes de trabajo en el país.
Pero también el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren y el propio presidente Alberto Fernández, hicieron gestiones por separado con dirigentes gremiales de la CGT -los gordos y el ahora kirchnerista Pablo Moyano, que había expresado su apoyo al reclamo del SUTNA y puso al borde de la ruptura a la CGT, el conflicto de neumáticos llegó además al debate en Diputados.
Tras dejar afuera de la cena del lunes con los gordos de la CGT en Olivos, Alberto Fernández invitó a cenar a Pablo Moyano el miércoles, para intentar una cercamiento en el conflicto de neumáticos, luego de que desde el sector más combativo de camioneros y gremios alineados al kirchnerismo se sumaran a las críticas al gobierno de «ponerse del lado de las patronales».
Pero fue la diputada del bloque de Izquierda, Romina del Plá quien puso a Massa en el peor de los mundos cuando el ministro defendía el presupuesto 2023 e irónicamente lo felicitó «por no haber nombrado la palabra inflación» en su discurso de apertura de más de dos horas en la Comisión de Presupuesto.
Massa se sumó a la polémica y le retrucó que lejos de ponerse del lado de las patronales, como lo acusaron, el Gobierno financió durante la pandemia los sueldos de todos los trabajadores, otorgando los ATP a las empresas «para sostener el empleo».
El gobierno intenta, pero le cuesta sostener el plan económico de ajuste fiscal, sin poder mostrar la promesa de justicia social, el principal estandarte del peronismo, y ahora se encuentra con sectores de izquierda copándole las calles.
«Ojalá tengan el mejor acuerdo posible en materia salarial, para ganarle a la inflación. Ayer cuando hablé de inflexibildad del gremio, también le pedí a las empresas que se sienten a la mesa. Lo primero que tienen que hacer es sentarse a la mesa», replicó Massa.
Massa y un discurso mirando al 2023
Massa reconoció que proyecta para 2023 un 60% de inflación; aunque advirtió que el equipo confía en que «si trabajamos con orden desde lo fiscal y se cumple el programa monetario, podremos lograr un resultado aún un poquito mejor. Quisimos ser conservadores y prudentes» dijo respecto al cálculo de la inflación para 2023.
El mismo día que INDEC dio a conocer nuevos índices de pobreza e indigencia, Massa tuvo que hacer malabares para evitar usar la palabra inflación y dejó entrever la voluntad política del gobierno para que «una vez estabilizada la macroeconomía, llegarán las medidas para «redistribución de ingresos». Pero no habló de plazos.
Cortado el diálogo político convocado por el kirchnerismo para frenar el clima de violencia política instalado tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Massa pidió al Congreso «consensos y acuerdos políticos» para trazar «una hoja de ruta» para dar certidumbre a la sociedad y a empresarios, aprobando la ley de Presupuesto 2023.
En ese marco, pidió conseguir «consensos en temas que queden sentados en los próximos 10 años, gobierne quien gobierne en Argentina en 2023«.
Con un fuerte discurso político, a diferencia de sus antecesores, el ministro de Economía ratificó como el día que asumió que el principal objetivo del Gobierno de cara al 2023 «es cumplir las metas con el FMI de orden fiscal, y a partir de la estabilización económica tenemos que trabajar y buscar mecanismos para redistribución del ingreso medio en Argentina».
Fuente: A 24
