Así lo señaló el diputado nacional Javier David, quien presentó un proyecto que busca que las acciones de AySA, que pertenecen al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires. «Viene a terminar con una situación absolutamente inequitativa», afirmó.

En medio del debate por el impacto del tarifazo en el bolsillo de los argentino, el diputado nacional Javier David resentó, junto a legisladores del interbloque Argentina Federal, un proyecto de su autoría, a fin de que se transfieran las acciones de AySA, que pertenecen al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al momento de presentar su proyecto, el legislador salteño puntualizó que «es injusto que sigamos pagando el agua a Buenos Aires”, en referencia a las acciones de la empresa Agua y Saneamientos S. A.

“La distribución legal de potestades para organizar y regular los servicios públicos es un tema de suma vigencia en nuestro país. Los elevados y desproporcionados costos de las tarifas han reanimado el debate acerca de cómo repercute el federalismo en los servicios públicos”, se puede leer en los fundamentos del proyecto.

Del mismo David recalcó en el hecho que «hoy las provincias se hacen cargo de la captación del agua que demanda obras millonarias, de la distribución, además de las cloacas, más allá de algún convenio con Nación” excepto CABA y provincia de Buenos Aires que lo tienen todo cubierto dentro del presupuesto nacional, “o sea que lo pagamos todos, así vivamos en Salta o en Chubut”.

Prosiguiendo con la defensa de su iniciativa, el diputado nacional aseveró que la ley no solo corresponde en cuanto a competencias jurisdiccionales, sino que “viene a terminar con una situación absolutamente inequitativa, en tanto que la provincia de Buenos Aires y la Capital reciben el servicio de agua y de desagües cloacales sin afectar sus presupuestos mientras el resto de las jurisdicciones deben afrontarlo con sus propios recursos”.

Por otra parte, puntualizó que «tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires han visto incrementados sus recursos en los últimos años en virtud de decisiones del poder central que implicaron crecimiento de ingresos muy por sobre la media del resto del país, por lo que mantener privilegios en materia de servicios públicos resulta claramente arbitrario e injusto”.

Fuente: Informatesalta