Más
¿Qué
decisión? La sala I de la Cámara de Casación se negó a acceder al
pedido de la diputada Margarita Stolbizer denunciante del caso- para
que sea aceptada como querellante, pero en la misma resolución hizo un
guiño para que, en cambio, el Gobierno tome sus cartas.
Los jueces Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo
Hornos apuntaron que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad
de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) están
habilitados para participar del caso. «Tales órganos receptan de manera
amplia la obligación internacional de erradicación de la impunidad
cuando se trata de investigaciones sobre delitos de corrupción»,
explicaron.
Con ese fundamento, es de esperar que la solicitud que adelantó
Alonso sea aceptada. Al menos así lo entiende Alonso. «Creemos que no va
a haber inconvenientes», confió. La presentación formal se realizará en
los próximos días.
«Es una causa que nos importa porque ha tenido involucrada a la más
alta autoridad del país y cumple con los requisitos que tiene la Oficina
Anticorrupción para definir su participación», indicó la funcionaria,
quien se negó a anticipar qué acciones evalúan para el caso, ya que
figura le permite requerir medidas de prueba, declaración de testigos y
tener acceso al expediente.
La investigación apunta a supuestas maniobras de lavado de dinero
vinculadas a las empresas hoteleras de los Kirchner. Esta semana, la
causa quedó radicada de manera definitiva en la Justicia porteña cuando
vencieron los plazos para que los abogados de los acusados, uno de ellos
de Lázaro Báez, pidan la intervención a la Corte Suprema para conseguir
que sea tramitada en Santa Cruz.
De esa manera, la OA sumará más papeles como querellante: ya comenzó a
hacerlo en el caso Ciccone, que está en manos del juez Ariel Lijo y
tiene a Amado Boudou entre los acusados. También las que sindican al ex
vicepresidente por la deuda en Formosa y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. Y estudian hacerlo en otras causas, que Alonso prefirió
no adelantar. Según supo este medio, entre ellas estaría la iniciada
contra la designación de Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la
Nación.
En las últimas horas, la diputada Elisa Carrió presentó un escrito
ante la OA para pedir que se investigue al ex titular de la AFIP y a su
entorno. «A lo largo de las distintas designaciones del actual
presidente de la Auditoría General de la Nación, específicamente en la
Aduana, la ONCCA y la AFIP, Echegaray acudió a los mismos colaboradores,
parientes y allegados de la política. Sus nombres se repiten», señaló
Carrió. Por esa razón, la legisladora pidió que se evalúen también las
declaraciones juradas de Guillermo Michel, secretario ejecutivo de
Presidencia; Silvana Patricia Quinteros, secretaria de Actuaciones
Colegiadas; Roberto Javier Ceferino Propato, secretario Legal
Institucional; Julián María Coronel, jefe de Gabinete de Presidencia; y
Ricardo José Marino, subgerente de Transferencias.
El organismo ahora hizo lugar al pedido y abrió una carpeta para evaluar el eventual enriquecimiento ilícito.
