El reacomodamiento del tipo de cambio oficial buscaría reducir la brecha cambiaria con el dólar financiero y dólar blue, y mejorar los ingresos por exportaciones: por cada dólar que ingresa por “expo” el Estado recauda más pesos.
La actualización lenta de tarifas, con tarifa social para sectores vulnerables, pretende bajar la impagable masa de subsidios a la energía y al transporte. Se buscará así mostrar un horizonte de metas fiscales cumplibles al FMI.
Según pudo saber A24.com, este es el escenario realista que analizan el Presidente, el jefe del Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Descuentan la derrota en las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo. Pero detrás del relato, preparan “el día después”.
La vicepresidenta Cristina Kirchner siempre se opuso a una suba de tarifas, a las devaluaciones y a los ajustes ortodoxos. Pero ante la urgencia del acuerdo con el FMI no se sabe cómo piensa. No tener acuerdo desataría una debacle económica.
Cerca del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, la voz de Cristina en el Gobierno, aseguraron a A24.com que “ella habló con Guzmán para decirle que apoya su negociación con el FMI”. Habrá que ver si después del 14 se mantiene ese respaldo según los resultados de las urnas. En la Casa Rosada hay cautela.
El kirchnerismo, la incógnita para cerrar un acuerdo con el FMI
En el Gobierno admiten que el kirchnerismo podría poner palos en la rueda. Pero una fuente oficial dijo que “existen dudas de cuán unívoca es la opinión en el Instituto Patria y en La Cámpora”.
En despachos del “albertismo” puro, cerca del Presidente, aseguraron que después del 14 de noviembre el Presidente buscará un respaldo mucho mayor de los gobernadores del PJ, los intendentes y de la CGT, que renovará sus autoridades el próximo jueves 11 sin muchas sorpresas.
“Los gobernadores y la CGT tendrán más protagonismo y se buscará un acuerdo con la oposición en el Congreso para poder firmar el acuerdo con el FMI y para ordenar cuatro o cinco temas”, señalan en Balcarce 50 cerca de Alberto. Otra incógnita es la actitud de Juntos por el Cambio tras los comicios.
La central obrera tendrá conducción tripartita: revalidarán sus mandatos Héctor Daer (Salud) y Carlos Acuña (estaciones de servicios) y alguien designado por Hugo Moyano (camioneros), que podría ser Pablo Moyano.
Enero y febrero, los meses clave para la negociación
“El propósito claro del Presidente y del ministro de Economía, Martín Guzmán, es trabajar en enero y febrero en la negociación final para cerrar un acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo”, dijo a A24.com una alta fuente del Gobierno.
A cambio del esfuerzo fiscal, Guzmán apuesta todo a levantar dos trofeos simbólicos: uno, que el FMI estire a 10 años los plazos de pagos tal como dispone cualquier Acuerdo de Facilidades Extendidas que firma el FMI.
El segundo «triunfo» sería que el FMI reduzca la sobretasa del 4,05% del préstamo de 44.000 millones de dólares y lo baje a una tasa ordinaria del 1,05% como las que el FMI aplica en préstamos no tan excesivos, o a una tasa intermedia.
Ayer la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda recuperaron la esperanza cuando voceros del FMI informaron que el organismo se reunirá a mediados de diciembre para revistar en general el nivel de las sobretasas y no como algo circunscripto al caso argentino. “Eso sería clave”, se esperanzó una alta fuente oficial a A24.com.
El plan para después del 14 de noviembre
La Casa Rosada prepara contra reloj el plan para después de las elecciones del 14 de noviembre. Se evitará la palabra “ajuste”, pero se le parecerá bastante. Presume que esa bala la gastará tras una derrota clara en todo el país, pero tiene esperanza de recuperar algo de terreno en la provincia de Buenos Aires.
Una derrota con algunas esperanzas, como La Pampa
También, según pudo saber A24.com, se ilusiona con dar vuelta la elección en La Pampa para poder conservar dos bancas pampeanas en el Senado. De ese modo el Frente de Todos perdería 5 senadores y no 6. Juntos por el Cambio ganaría así 4 y no 5. Aunque en JXC están seguros de ganar La Pampa.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ganaría una senadora, su esposa Alejandra Vigo, de los 5 o 6, según el caso, que perdería la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara alta.
“La Pampa la damos vuelta”, decían este jueves cerca de Wado De Pedro. El Gobierno no envió funcionarios nacionales y dejó que el gobernador pampeano Sergio Ziliotto “provincialice” la elección para que los pampeanos voten por la gestión provincial antes que por la de Alberto Fernández. La estrategia de JXC fue “nacionalizar” y todos sus líderes nacionales desembarcaron.
También el Gobierno “provincializó” Chaco y Entre Ríos. Los funcionarios nacionales no viajaron allí. En cambio, Wado De Pedro recorrerá Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego junto con el ministro de Turismo, Matías Lammens, promocionando el Plan Previaje que reactivó como primer destino turístico Bariloche y como segundo Ushuaia.
En Río Negro se movilizó el anuncio la millonaria inversión australiana del hidrógeno verde. En cambio, en Santa Fe, Córdoba, y en Corrientes el Gobierno no tiene esperanzas de revertir.
Primera prioridad, el acuerdo con el FMI
Sea como sea, Alberto Fernández pondrá tras los comicios como primera prioridad el acuerdo con el FMI. Luego de que el Fondo analice una reducción en la sobretasa, en diciembre, Guzmán encarará la etapa final de la negociación con una urgencia concreta: el 31 de marzo será el primer vencimiento de 2500 millones de dólares que la Argentina tiene que pagar en 2022 y el total de pagos del año será 19.000 millones de dólares, que el país no puede pagar.
Sobre ese vencimiento de marzo, además, la Argentina tendrá que hacer frente a la cancelación final de la deuda con el Club de Paris, ya postergada hace tres meses, de 2400 millones.
Si el Gobierno no alcanza el acuerdo con el Fondo, entraría en default con el organismo y automáticamente se cortaría todo el crédito internacional y el financiamiento para las empresas privadas, con consecuencias devastadoras para la economía en términos de inflación, recesión y tipo de cambio. Una crisis política complicaría la gobernabilidad.
En Roma y Glasgow, Alberto recibió mensajes claros
Alberto Fernández se trajo de Roma y de Glasgow una idea más que clara de que deberá presentar un programa concreto, sensato y sustentable. Giorgieva y todos los líderes con influencia en el Fondo se lo transmitieron.
El Presidente dejó trascender en Glasgow mediante sus voceros que la Argentina podría pedir un waiver (perdón) para patear los vencimientos del FMI que comienzan el 31 de marzo. Tal vez fue un último intento de enarbolar independencia económica. Fue desmentido por Guzmán y por el FMI en el día de ayer.
Ahora en el Gobierno se abocan a la necesidad de ofrecer al FMI un horizonte de metas fiscales con reducción del déficit para poder afrontar los pagos, aún renegociados, de manera sustentable en el tiempo.
Por eso altos funcionarios explicaban ayer que habrá “una suave y progresiva devaluación del tipo de cambio oficial desde enero y febrero”. De hecho, el proyecto de ley de Presupuesto 2022 estima para el año próximo un dólar de 131,1 pesos. Pero el reacomodamiento podría ser mayor, deslizan.
Eso buscaría mejorar la competitividad de las exportaciones: por cada dólar ingresarían más pesos al fisco, como ocurrió tras la crisis de 2001 cuando el gobierno de Eduardo Duhalde devaluó 200% y sin pagar la deuda logró superávit fiscal y comercial en pocos meses, al tiempo que los exportadores mejoraron sus ventas y se reactivó la economía.
Las tarifas, la otra pata del plan
La otra pata del plan sería un deslizamiento suave y paulatino de las tarifas para ir reduciendo los subsidios a la energía y el transporte hasta llegar a la tarifa plena. “No podemos seguir dejando que la energía la paguen por dos pesos en los countries o las señoras gordas de Barrio Norte, sólo subsidiaremos al pobre”, dijo a A24.com una fuente de Economía.
Guzmán busca racionalidad en el gasto y en el contexto mundial. En Europa se vive la inflación más alta en décadas por la suba en la energía, dicen. Todo el proceso comenzará entre febrero y marzo.
Por ahora no hay un plan para reducir el gasto en asignaciones sociales donde existen 12 millones de planes sociales de los cuales 3,8 millones corresponden a beneficiarios que podrían pasar a la población económicamente activa con un plan de capacitación e inserción laboral con el sector privado. Tampoco se habla de reducir gastos superfluos ni empleados públicos. Pero aún quedan trazos por negociar para firmar el acuerdo, antes del 31 de marzo.
Fuente: A 24
