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«¡Fora Macri! ¡Fora Macri! ¡Fora Macri!»,
gritaron rabiosos militantes del PT cuando vieron la cámara de un canal
argentino. Aunque los problemas judiciales de sus líderes vienen de
2014, le echan la culpa al presidente Mauricio Macri de
la fragilidad expuesta en la que quedaron los gobiernos populistas de
la región desde la victoria de Cambiemos. Temen que Lula vaya preso y,
con él, todo lo que creyeron sobre la reconfiguración del poder mundial
con Brasil como eje.
En San Pablo se viven escenas extrañas por estos días. El viernes a la noche, un «aplauzazo»
convocado por las redes sociales para respaldar el accionar de la
Polícia Federal, responsable de llevar a declarar en forma compulsiva al
ex presidente, inundó los barrios cercanos a la avenida Paulista. Más
temprano se había producido un cacerolazo. Fue para repudiar las
palabras de Dilma Roussef a favor del líder del PT.
El oficialismo está cercado. El 70 por ciento de la
población quiere llevar a la Presidente a unimpeachment, similar al que
sacó del gobierno a Fernando Collor de Mello, pero la oposición no tiene
los votos necesarios en el Congreso. El PT quiso tomar distancia de la
ortodoxia económica de Dilma proponiendo recetas populistas clásicas
para la nueva postulación de Lula como candidato, pero el viernes se dio
cuenta de que si abandona al gobierno tampoco tendrá elementos para
protegerse de la andanada de la justicia, que avanza también sobre los
partidos aliados. El ex presidente redobló la apuesta, apeló a su
indudable carisma, a su historia de lucha como operario y sindicalista,
pero si las elecciones fueran hoy perdería escandalosamente frente a
Aécio Neves.
Nadie sabe qué va a pasar en Brasil. Como
kirchneristas básicos, los seguidores de Lula dicen que la actuación del
juez Sergio Moro en la causa anticorrupción más importante de la
historia de Brasil es una respuesta de las corporaciones «que no le
perdonan al PT que haya sacado a 30 millones de brasileños de la
pobreza». Ocultan que, entre los presos, procesados e investigados,
están los empresarios de las cinco compañías más poderosas de Brasil,
acusados de formar parte de un sistema delictivo para financiar
ilegalmente la política, a cambio de fenomenales negocios.
El «Mensalao», el primer escándalo de corrupción que cayó sobre el
gobierno brasileño -sobornos que se pagaban a los diputados para que
aprobaran proyectos del Ejecutivo-, suponía un monto ilegal de 200
millones de reales. Estalló en el 2005 y, aunque se sabía que Lula había
pergeñado la maniobra, todos se pusieron de acuerdo en protegerlo de la
justicia: había que proteger la figura presidencial. Pero ya en la fase
número 24 de la operación anticorrupción conocida como «Lava Jato», las
cosas toman otro color, quizá porque la dimensión de la corrupción
denunciada alcanza un récord mundial. Se habla de una cifra que supera
los 10 billones de dólares.
La conmoción que se vivió al saber que el ex presidente había sido llevado en forma compulsiva a un recinto del aeropuerto de San Pablo para una declaración que duró cuatro horas fue colosal. El Instituto Lula,
también involucrado en la investigación, consideró el procedimiento
«arbitrario, ilegal e injustificable». El mismo Lula explicó después,
visiblemente enojado, que se sintió preso en su propio país. Aunque no
puede decirse que fue sorprendido, porque luego de la detención del
publicista Joao Santana, junto a su socia y esposa, Mónica Moura (fase
23 del «Lava Jato»), que fueron recibidos en el aeropuerto internacional
de Curitiba con un operativo policial digno de peligrosos
narcocriminales, sabía que irían por él.
De hecho, los abogados de Lula estuvieron haciendo distintas
presentaciones judiciales en los últimos días para evitar esta
declaración que la Justicia decidió tomar «de prepo». Por eso
vale la pena reproducir unos párrafos del comunicado que emitió el
Ministerio Público Fiscal de Brasil, responsable junto a la Polícia
Federal del procedimiento que algunos consideraron «innecesario» y que,
para otros, habla de un nuevo paradigma en materia judicial, para el
cual la trascendencia de las figuras investigadas poco importa si está
demostrado que cometieron delitos.
«La investigación sobre el ex Presidente no constituye juicio de
valor sobre quién es él o sobre el significado histórico de su
personalidad, es un juicio de investigación sobre hechos y datos
determinados que están bajo sospecha. Dentro de una república, las
personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial
cuando se encuentran fundadas sospechas de actividad criminal, la cual
es apoyada, en este caso, en decenas de testimonios y amplia prueba
documental», dice el comunicado del MPF brasileño.
En efecto, para los promotores públicos, como se les llama en Brasil a
este grupo de jóvenes fiscales, «hay evidencias» de pagos disimulados
que fueron hechos por las constructoras OAS y Odebrecht al ex presidente
Lula da Silva y personas asociadas,que recibieron valores originados en
el «esquema Petrobras», coordinado por las conducciones políticas del
PT, el Partido Progresista y el PMDB. «El ex presidente Lula, además de
líder partidario, era el responsable final por la decisión de quiénes
serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales
beneficiarios de los delitos», aseguran en el durísimo pronunciamiento.
Dilma le echa la culpa de la recesión al «Lava Jato», porque según la
ley vigente, las empresas investigadas por la Justicia no pueden
participar en licitaciones, y así la economía está parada.
A los fiscales, a la Polícia Federal y al juez Moro no les importan
las consecuencias económicas de sus investigaciones en la economía, ni
la imagen de la ahora octava economía mundial (era séptima, hasta que se
conoció la caída del PBI) en el exterior. Gozan de un fenomenal
respaldo de la población, que está ansiosa por ver cómo la Justicia
encarcela a los otrora poderosos empresarios y políticos y logra que
estos ladrones de guante blanco devuelvan el dinero público robado.
En la Argentina, nadie quiere hablar del tema. En el
Gobierno temen por las consecuencias económicas en la ya de por sí
complicada economía nacional. En la Cancillería no quieren ir más allá
de las declaraciones que hizo Susana Malcorra, quien expresó su
preocupación por la crisis política en Brasil. Apenas resaltan que la
canciller viaja hoy a Bolivia y mañana lunes se entrevistará con Evo
Morales, en un intento por mostrar pluralidad de vínculos. En el
peronismo imaginan imparable el desfile de funcionarios por la justicia
federal, aunque felicitan a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils
Carbó, la Procuradora General de Justicia, que sólo por continuar en el
cargo logra retrasar cualquier ofensiva judicial contra los exiliados
del poder.
En el Instituto Lula contaron que Evo -que perdió un referéndum para
autorizar su cuarta reelección- y Rafael Correa -que desistió de volver a
presentarse a elecciones- llamaron para solidarizarse con el ex
presidente. Dicen que Cristina Kirchner también lo llamó, pero no lo quieren confirmar oficialmente.
Refugiada en Calafate, diseña una estrategia para escapar a la
indagatoria a la que fue citada para el 13 de abril por el juez Claudio
Bonadio, por la que teme lo peor.
Fuente: Infobae
