Luego del auge de la implementación de la Ley N° 27.499, denominada “Ley Micaela”, comenzó el intento de un proceso, cuanto menos interesante.
Esta ley se denomina de tal manera en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Hoy notamos claras señales de retroceso en la importancia de la transversalidad del Enfoque de Género en las políticas. Como si se tratara o pudiera tomarse como una moda. Veamos por qué y en qué aspectos.
¿Qué dice la Ley en su articulado?
El Artículo N° 1 es claro, puntual y afirma todo el contenido, necesidad y sentido de la implementación de la ley: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Lineamientos
El Estado argentino, para su implementación, destaca que esta ley establece la capacitación obligatoria en género, particularmente en violencia de género, para todas las personas que se desempeñan en la función pública: en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, nos proponemos lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación”.
En ese sentido, agregan: “buscamos transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado”.
Uno de los aspectos puntuales de la mencionada ley, y que ofrece resistencia o se niegan a acusar recibo, es el tema del lenguaje. Este es uno de los puntos donde hay una puja de sentidos y se intenta desandar el camino de las conquistas. Quienes predican la relación ortodoxa con la RAE (es decir, un lenguaje heterocisnormativo, pretendidamente “neutral” y “sin sesgos ideológicos”) no pueden asociarlo: porque la ley no lo dice concretamente, porque conviene no asociarlo o no se entiende el concepto: “transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación”. La verdad es que el lenguaje inclusivo y el inclusivo no sexista están siendo rechazados de manera sistemática por integrantes de los organismos del Estado, hasta se empeñan en descalificar a las personas que realizan investigaciones, impacto y estudios de género en el marco de su implementación. ¿Qué entenderán por igualdad? ¿Se cuestionan sobre los “procesos de formación integral”? ¿O, simplemente, desde los prejuicios, descartan de plano aspectos inherentes a la norma?
Las políticas
No se comprende aún, en los hechos no se ve, que la transversalidad del Enfoque de Género es para todas las áreas de los tres poderes del Estado, y muy especialmente a todo aquello que a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades se refiere. ¿Y en campaña? En campaña, se habla de diversas cuestiones que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas: obras, economía, trabajo… sin la transversalidad de la perspectiva de género y utilizando un lenguaje no integrador. Se sigue adhiriendo al masculino genérico, tanto por varones como por mujeres.
De la redacción y oralidad creativa para arribar a un lenguaje igualitario, integrador y sin discriminación: ni mención. No existe.
El territorio
Como es sabido, las políticas nunca se adelantan a las necesidades de la sociedad y, en este sentido, el enfoque de género no es la excepción.
En el territorio, las personas lo reclaman y sienten el ruido lógico que hace el escuchar que hablan, pero no de ellas, de las cosas que les importan, de lo que les pasa, sienten y atraviesan. Y esto sucede, sencillamente, porque no solo no se circunscriben a las normas que tanto pregonan, sino porque tampoco escuchan.
Conclusión
Luego de la implementación de la Ley Micaela, como decíamos al principio, comenzó la presión por volver a un estadio previo. Como si se pensara que era lo único por lo que se luchaba: la capacitación (en papeles, al menos). Olvidan que falta asegurar el cumplimiento de la normativa, la vigencia de esta, y la efectiva aplicación, porque no alcanza con aprobar un curso, generalmente online, y “hasta ahí llega la capacitación”. No. La ley fue solo el inicio de un proceso que, quieran o no, los llevará como una inmensa ola. Es imparable. No es moda, ni nos olvidamos con una batalla ganada.
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