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Una gran
polémica se desató cuando el presidente Mauricio Macri dictaminó la
«emergencia de seguridad pública» que incluye en su punto más polémico
la posibilidad de derribo de aeronaves utilizadas por el narcotráfico,
luego de cumplir un protocolo.
Sin embargo, la normativa acerca de los derribos de aviones no
identificados, que se presupone que estarían vinculados con el crimen
organizado, se inició en Latinoamérica a finales de los años ochenta.
Brasil fue pionero en su sanción legislativa, dispuesta en 1986, aunque
solo puso en vigencia la norma en 2004.
Le siguieron Colombia y Perú, ya en los años noventa, en medio de
gobiernos consolidados al calor del Consenso de Washington. Con la
llegada al poder de los progresismos, la tendencia fue en alza. Al día
de hoy, son once los países que han autorizado los derribos como último
recurso: a Brasil, Colombia y Perú se sumaron Chile, Venezuela,
Paraguay, Uruguay, Honduras, Bolivia, Ecuador, y recientemente
Argentina.
Solo cuatro países emplearon ataques a blancos áreos: Venezuela, Colombia, Perú y Honduras.
En estos últimos dos casos los resultados fueron funestos, ya que los
embates resultaron erróneos, se disparó a naves civiles que nada tenían
que ver con el narcotráfico.
Por ejemplo, en Perú, el 7 de abril de 2001, la Fuerza Áerea abrió
fuego y alcanzó a un objetivo sospechado de traficar droga. En la
avioneta viajaba un misionero estadounidense que viajaba con su
familia.
Por otra parte, en Honduras, el 10 de septiembre de 2012 fueron
derribadas dos avionetas que se suponía que eran parte de una red
narcotraficante: no se encontraron cuerpos ni partes del fuselaje de las
naves.
Fuente: Mendoza Post
