Esta ley, que rige desde septiembre de 2015, tiene por objeto establecer los principios, las garantías y el procedimiento de actuación judicial para la aplicación de la ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley provincial 7.403 de protección de víctimas de violencia familiar.

En un encuentro que encabezó la titular de la comisión especial de la Mujer, Genero y Diversidad, senadora Sonia Magno, y los senadores Héctor Calabró, Carlos Ampuero, Manuel Pailler y Carlos Rosso, escucharon la opinión de la jueza de Violencia Familiar y de Género de 3ª nominación, María Cáceres Moreno.

También los de la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pilar González Sastre y de Flavia Garagorri, del equipo técnico del organismo, quienes trabajaron en la elaboración del proyecto.

«Creemos que (la ley) necesita una actualización, tanto en la cuestión procedimental como en términos conceptuales; se incluye la diversidad y la perspectiva de género; incorpora la violencia por cuestiones de género; es decir, incluye la violencia contra las mujeres, también la violencia que se ejerce contra personas que no cumplen el modelo heteronormativo», expresaron las representantes del Observatorio.

Desde el Senado se informó que durante el encuentro la jueza Cáceres Moreno dijo que «la ley es clara pero desde el trabajo en el juzgado nos faltan algunas medidas que deberían ser previas a que los casos lleguen a la Justicia. Muchas veces las víctimas tienen falta de credibilidad en el Estado y en la Justicia. Por eso, creo que es esencial orientar los recursos para mejorar y hacer más eficiente la llegada desde el Estado a las víctimas.»

El proyecto en análisis propone que debería crearse una división de policía especializada en materia de violencia familiar y de género y también un programa de psicoterapia individual para personas involucradas en estos procesos.

«Entendemos que es trascendental que existan estos organismos como primeras políticas a tomar ante la emergencia. Es necesario crear redes en toda la provincia que trabajen en conjunto, especialmente en el interior. Debe haber un acompañamiento completo a las víctimas», manifestó la jueza.

Desde el Observatorio marcaron que en relevamientos realizados en el interior se vio «poca aplicación de las políticas públicas», consideraron que debe haber una instancia previa para reforzar la prevención y así descomprimir la Justicia Penal y señalaron que es esencial trabajar el problema de fondo.

Los senadores anticiparon que tienen previsto continuar la ronda de consulta con miembros de la Corte de Justicia, de ministerios del Ejecutivo, del Colegio de Abogados, entre otros./El Tribuno