Gustavo Saénz
Gustavo Sáenz dio en Orán una conferencia de prensa. Aseguró: “No daré un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico y seguiremos dando todas las batallas que sean necesarias. No me amedrentan”. Adelantó la próxima puesta en marcha del Plan Güemes y la promoción a nivel federal de reformas legislativas.
“Puse en la agenda pública de la Provincia y Nación la problemática del narcotráfico en la Frontera Norte”. Lo aseguró el gobernador de Salta Gustavo Sáenz durante la conferencia de prensa brindada en San Ramón de la Nueva Orán. Fue durante la apertura de la última reunión para elaborar el próximo presupuesto provincial.
El Gobernador aseguró que es el primer Gobernador en la historia de Salta que logró que “todas las fuerzas federales estén en la Frontera Norte”. Esto en referencia al compromiso de Nación para instalar la Prefectura Naval Argentina en el puerto de Aguas Blancas.
Además al ser consultado sobre denuncias mediáticas, el Gobernador consideró: “Atacan porque estoy peleando seriamente contra el flagelo del narcotráfico; porque muestro la realidad; porque se quiere confundir a la población con esta que es una de las estrategias predilectas de las organizaciones criminales para desviar la atención”. Y agregó: “No me amedrentan, no tengo miedo, sino por el contrario, me da más fuerzas para seguir peleando”.
También afirmó que en Salta, las instituciones “funcionan como corresponde y la pelea contra la narcocriminalidad siempre será total”.
En este orden enumeró acciones implementadas: creación de la Unidad Especial de Investigación del Norte en articulación con el Ministerio Público Fiscal, con el aporte de la Provincia de recursos como vehículos y tecnología.
Anunció que promoverá a nivel federal reformas legislativas, como radarización y videovigilancia en las fronteras; ley de derribo, reforma de la ley de migraciones y el refuerzo de la vigilancia aerotransportada que resulta esencial para el desbaratamiento de las organizaciones criminales.
“Cada uno desde su lugar, debe actuar con la responsabilidad que le corresponde y por eso llamo a los legisladores nacionales a discutir estos temas”, indicó.
Por último, también habló sobre denuncias a funcionarios y al respecto reiteró que “cualquier persona, sea funcionario o no, debe someterse a la justicia para que se aplique la ley hasta las últimas consecuencias. Yo no creo en los fueros”, dijo.
Propuestas
El Gobernador anunció que promoverá a nivel federal reformas legislativas en lo relativo a la expulsión de extranjeros condenados.
Al respecto, la ley 25.871 establece un engorroso trámite que impide expulsar del país a los extranjeros condenados en causas penales. Hasta 2004 rigió la ley 22.439, que sí lo permitía, modificación en la época de Kirchner, que se planteó como la derogación de una ley de Videla.
Por imperio de la norma vigente, en los hechos sólo se puede expulsar a aquellos sobre los que se le impuso una condena de tres o más años. Con lo cual, quienes registran condenas menores se quedan en el país.
En lo que atañe a la obtención de la residencia, los extranjeros condenados pueden utilizar el tiempo de detención para acreditarla en la Argentina y obtener la ciudadanía.
La propuesta será una reforma legislativa mediante la cual se pueda imponer la pena de extrañamiento, es decir de expulsión a cualquier clase de condena y que no se compute ningún período de tiempo, que haya obtenido o el que transcurra hasta que se haga efectiva la expulsión, para acreditar residencia.
En este caso, las reformas en la materia pueden ser dos: modificar o sustituir la ley 25.871 o directamente fijarlo como pena accesoria en el artículo 5° del Código Penal.
En lo que respecta a una ley de radarización y derribo, se considera necesaria para el control efectivo del ingreso de sustancias prohibidas a nuestro país y por tanto para combatir la narco criminalidad, entre otros delitos.
La sanción de una ley de radarización y derribo no vulnera la ley de Seguridad Interior 24.059, debido a que el control del espacio aéreo que se realiza en zonas de fronteras, además de ayudar a la seguridad, es un tema de defensa de la soberanía nacional porque se trata del ingreso ilegal de aeronaves que proceden de otros países e incursionan en nuestro espacio aéreo.
De tal forma que la Fuerza Aérea sí podría llevar a cabo esta tarea, sin reforma legal alguna en cuanto a la ley de seguridad interior. Esta medida ha tenido gran eficacia en Perú y Brasil.
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