El proyecto, impulsado por el diputado Máximo Kirchner, plantea lareducción en las tarifas de gas en regiones del país donde se registran bajas temperaturas, con descuentos de entre un 30 y un 50%.

La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Al abrir el debate como miembro informante por el oficialismo, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el sanjuanino, Rubén Uñac, dijo que el proyecto es un «alivio a los bolsillos que irá destinado a gastos básicos en mejora de la calidad de vida». «Damos un paso más en la construcción de un país federal. De un modelo social con inclusión», subrayó.

«Esta ampliación se da en un momento más que difícil en nuestro país que afecta a millones de hogares que sufrieron aumentos escandalosos entre 2016 y 2019″, expresó.

A su turno, la senadora del Frente de Todos por San Luis, Eugenia Catalfamo, destacó que la iniciativa reconoce el «principio de igualdad y de no discriminación» y arremetió contra el gobierno anterior al afirmar que «busca revertir el estrago que provocó la gestión tarifaria macrista».

El senador de Juntos por el Cambio por Chaco, Víctor Zimmermann, criticó el sistema de subsidios en la Argentina al que calificó de «pro ricos». «Ahora con este proyecto de ley eso se amplía. ¿Y qué hay para el NEA, para la provincia del Chaco? ¿Qué beneficios nos dará este proyecto de ampliación de zonas frías? Ninguno», advirtió.

En el mismo sentido, la senadora del PRO y titular de la comisión de Ambiente, Gladys González, explicó su voto en contra de una ley que considera «pro ricos» y «pro combustibles fósiles». «Es justamente en honor a mi convicción por una Argentina justa y equitativa que me opongo a esta ley de zonas frías, porque no hace otra cosa que profundizar la desigualdad, profundizar la injusticia y beneficiar a los más ricos», agregó.

En tanto, el senador oficialista, Juan Mario Pais, puntualizó que el proyecto “va a irradiar beneficios para millones de usuarios de un insumo esencial, el gas de redes y el gas de garrafas domiciliarias» y aclaró que «no es un subsidio del Estado, es un fondo compensador que pagan los propios consumidores”.

El titular de la bancada oficialista, José Mayans, defendió la política energética del gobierno de Alberto Fernández y atacó a la administración de Mauricio Macri al argumentar que «las energéticas en el año 2019 fugaron 7500 millones de dólares».

Luego «del gobierno de Macri tuvimos que declarar la emergencia energética. Había trabajadores, pymes, pensionados, que no sabían qué hacer con la factura de gas», recordó Mayans. Además, cuestionó del gobierno anterior el aumento de las tarifas y se preguntó: «¿Qué tipo de sinceramiento es ese?».

En cambio, su colega de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que «detrás de esta buena intención, estamos perdiendo de vista que entramos en una pendiente que eliminó la posibilidad de que este país sea autosuficiente en materia energética».

Además, hizo una autocrítica del ajuste de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri al mencionar que «el sinceramiento de tarifas fue muy duro» y reconoció que «del modo que se implementó tuvo sus consecuencias directas en materia electoral».

No obstante, se preguntó si «¿es un acto de justicia beneficiar con los subsidios a los que están en condiciones de afrontar el pago de las facturas en pandemia?» y mencionó que «es una inmoralidad para quien se vea beneficiado y tiene los recursos para pagar».

El oficialista neuquino Oscar Parrilli, sostuvo que «todo ciudadano, sea rico o pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe». «Si es excesivo, aunque viva en Puerto Madero, no tenemos que hacerle pagar una tarifa que no corresponde. ¿Por qué le vamos a hacer pagar el gas diez veces lo que realmente se beneficia?», explicó.

Su compañera de bancada, la mendocina Anabel Fernández Sagasti mencionó que «un tercio de los argentinos serán beneficiados por esta ley». «Esto es un paso fundamental en nuestro camino de reconstruir una Argentina que garantice derechos», sentenció.

Por el contrario, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado aclaró que no estaba «en contra de subsidiar a los que menos tienen», pero cuestionó que «se van a subsidiar a quienes no necesitan los subsidios y, en el camino, el país perderá la soberanía energética».

En la vereda de enfrente, su compañera de bancada, la jujeña Silvia Giacoppo, argumentó que «con este proyecto cumplimos con la manda constitucional que nos impone acciones para que logren la igualdad positiva de nuestra población».

Finalmente, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun, habló de «derechos constitucionalmente protegidos» y mencionó que «el concepto de energía va ligado al proyecto de Nación», al tiempo que la subrayó «como un derecho humano».

Detalles del proyecto

De acuerdo al Gobierno, el beneficio tendrá un impacto de reducción tarifaria en el 28% de la población, llegando así a un 44% de los usuarios de gas por redes de todo el país.

El régimen ya se encuentra vigente en la Patagonia (incluida La Pampa), en Malargüe (Mendoza) y en un sector de la Puna, con un total de 849.965 beneficiarios.

Con la extensión del régimen, se incorporarán 3.140.000 de nuevos hogares con tarifa diferencial por zona fría, pasando así a un total de 4 millones de beneficiarios.

La iniciativa extenderá el beneficio a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

Además, reduce en alrededor del 50% las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales de las zonas comprendidas, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La iniciativa también prorroga por 10 años la vigencia del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

Al comenzar la sesión, los legisladores aprobaron el Decreto Parlamentario 8/21 que firmó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para prorrogar las sesiones mixtas por videoconferencia hasta fines de agosto, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Además, el oficialismo votó y aprobó una moción de orden para que vuelva a comisión una iniciativa que aumenta el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros para ser destinado a los transportistas escolares, debido a la crisis que padece ese sector debido a la pandemia de coronavirus.

Por último, aprobó con 42 votos a favor y 23 en contra el dictamen emitido por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el último DNU (381/21) que estableció nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el próximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.