La algarabía del oficialismo en Diputados por la aprobación de la ley que exime del impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados con ingresos menores a 150 mil pesos, mutó a cautela esta semana cuando recordaron el proyecto que hace dos semanas envió Martín Guzmán para aumentar ese tributo a empresas con rentas desde 1.3 millones.

La iniciativa aún no tiene fecha de tratamiento en las comisiones, donde en Cambiemos esperaban que se debatiera junto a la que baja de Ganancias a particulares. Pero no fue así, porque en el Frente de Todos hay muchas dudas y quieren repasar posibles modificaciones con Hacienda antes de empezar la discusión.

Todavía más ruido hay en el Senado, donde los referentes del oficialismo que dialogan con Guzmán y sus funcionarios no están dispuestos a recibir la reprimendas del empresariado de sus provincias por otra suba de impuestos. «Como está, no pasa. Habrá que hacer varios retoques», manifestó un referente del Frente de Todos en la Cámara alta.

La ley elimina la reforma tributaria sancionada en 2017, que establecía una baja progresiva de Ganancias de 35% a 30% en 2019 y a 25% a 2020, con un gravamen al reparto de dividendos que comenzaba en 7% y escalaba al 13% el año pasado.

Alberto suspendió por un año la baja del 30% al 25% en la primera ley que envió al Congreso, denominada de «Solidaridad social y reactivación productiva», en diciembre envió un proyecto para sostener esas alícuotas, pero hace 20 días sorprendió con otro que las aumentaba en forma progresiva según los márgenes de facturación.

Si si se sostenía la reforma de 2017 todas las empresas pagarían 25% de Ganancias y con esta ley pagarán más las que ganen 108 mil pesos mensuales, después de invertir y pagar sueldos. Y un empleado que gana hasta 150 mil pesos queda eximido. Los números que están planeando no responden a la realidad.

Sólo deja en un 25% a las ganancias netas menores a 1.3 millones, mientras que el resto paga el 30% sobre el excedente de ese monto. La porción de renta superior a 2.6 tributaría 35%, mientras que el reparto de los dividendos vuelve a 7% en todos los casos. En la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) calculan que una renta de más de 4 millones de pesos pagará un 28% pleno de Ganancias, pero la inflación no permite identificar el tamaño de ese contribuyente.

«Si se sostenía la reforma de 2017 todas las empresas pagarían 25% y con esta ley aportarán más las que ganen 108 mil pesos mensuales, después de invertir y liquidar sueldos. Y un empleado que percibe hasta 150 mil pesos queda eximido. Los números que están planeando no responden a la realidad», sostuvo ante LPO Salvador Femenía, titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Came.

En la entidad reclaman que en tal caso se podría sostener alícuotas del 25% a las pymes, una definición que aplica el Ministerio de Desarrollo Productivo, varía según los rubros y Guzmán prefirió ignorar. En los fundamentos de la ley se dice que el 75% de las empresas pagarán menos Ganancias que en 2020, cuando todas tributaron el 30%. «El problema es que van a recaudar mucho al principio y luego menos porque crecerá la informalidad», advirtió Femenía.

Recordó además que otro palazo para las pymes llegó el año pasado cuando el gobierno suspendió el consenso fiscal con las provincias que les prohibía subir ingresos brutos. El Senado aprobó en febrero la prórroga de su no aplicación y Diputados la hará ley en las próximas sesiones, con respaldo de los legisladores de Cambiemos cercanos a los gobernadores y críticas de los demás. «Es el impuesto más regresivo del país, pero como no aparece en el tickets, lo suben», se molestó el domingo el macrista Luciano Laspina.

Hacienda comparó el sistema de alícuota escalonada o otros similares aplicados en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y justificó el aumento en que Argentina recauda por Ganancias un 2.1% del PIB, menos que países como México, Colombia y Uruguay.

Aunque no especificó si el problema son las alícuotas o el alto nivel de evasión, cuando la propia cartera reconoce que hay fondos de argentinos en el exterior equivalentes a casi seis bancos centrales.

Guzmán apuesta a conseguir 120 mil millones de pesos con este aumento, sólo un tercio este año, lo suficiente para financiar el costo fiscal de la baja a Ganancias a empleados y jubilados que será ley la semana que viene en el Senado.

Este martes, en su exposición ante el plenario de comisiones de esa Cámara, el secretario de política tributaria Roberto Arias reconoció que sólo si ambas leyes son sancionadas no perderán ingresos de las provincias, que se quedan con una porción de la recaudación de Ganancias, a través de la coparticipación federal.

El problema es que ni aún los oficialistas quieren pagar el costo político de elevar impuestos a empresarios de ingresos medios, sobre todo en zonas del centro del país en las que el Gobierno no tiene una imagen óptima y necesita llegar mejor parado a las elecciones.

Tanta es la incertidumbre, que en diputados no hay declaraciones a favor del proyecto y ni siquiera existe una fecha estimada de convocatoria a la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, y donde Cambiemos se prepara para resistir.

«La ley es mala porque va a contramano del mundo: la OCDE tiene un promedio de ganancias corporativas del 22% y en la región está en 27%. En el mundo se bajan, porque redunda en menos sueldos y personal. Y por lo menos un tercio va a precios», sostuvo Luis Pastori, de la UCR.

Aún no se expresó el interbloque federal, un mix de lavagnistas, socialistas santafesinos y cordobeses leales al gobernador Juan Schairetti. Consultados prefirieron mantener silencio, a la espera de posibles modificaciones. Sin el aval de al menos algunos de estos subgrupos, el proyecto no podría aprobarse.

La reforma tributaria es uno de los temas que más complica a Guzmán desde su asunción. La prometió ni bien juró como ministro, la anticipó en septiembre, cuando presentó el presupuesto; y en marzo sorprendió con esta modificación de Ganancias que por ahora está cajoneada en Diputados. Falta mucho trabajo para que sea ley.

LPO