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En un compilado de 180 páginas y 664 artículos, el proyecto planteaba reformas administrativas, económicas, financieras, laborales, fiscales y previsionales de cientos de leyes vigentes y la inclusión de otras nuevas.

El 2 de febrero de 2024 el proyecto obtuvo media sanción para el dictamen de la mayoría por parte de la Cámara de Diputados con 144 votos afirmativos, 109 negativos y ninguna abstención.

El 6 de febrero de 2024, a poco de iniciado el tratamiento artículo por artículo, el proyecto volvió a foja cero tras la interrupción del tratamiento por parte del oficialismo con la intención de que vuelva a ser tratado en comisiones. Esto fue interpretado como fracaso y derrota política del presidente Javier Milei.

El lunes 29 de abril se volvió a tratar el proyecto de la ley Bases, modificado y «consensuado» o negociado con los actores de la política, llámese gobernadores o diputados de la oposición.

En la disparidad de opiniones que generó este proyecto, uno de los artículos que interesa a las economías regionales y particularmente al sector tabacalero por su impacto en la recaudación nacional, se incluía el tratamiento del impuesto a las cigarreras por lo que todas las tabacaleras debían y deben tributar el impuesto mínimo que, en la actualidad no pagan todas las tabacaleras.

Prácticamente, la única sorpresa de la Ley Bases la dio el capítulo de los impuestos al tabaco. Y esto se plantea así, ya que tras meses de denuncias de lobby cruzadas -entre los que figuró el nombre de Carlos Zapata, diputado salteño-, la Casa Rosada dejó el tema fuera de su proyecto. En la iniciativa remitida el 27 de diciembre, el Gobierno había querido cambiar las reglas del sector para que todas las empresas tributen lo mismo. Era un golpe directo al empresario Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco” y dueño de Tabacalera Sarandí, que no paga el impuesto mínimo a los cigarrillos, a diferencia de compañías internacionales como Massalín Particulares y British American Tobacco que sí lo hacen.

Es por ello que «curiosamente» y llamativamente, a la hora de la verdad, los libertarios votaron en contra del artículo del tabaco que estaba en su proyecto original y que se suponía era lo que quería el presidente Milei. A pesar del cambio de postura, el artículo, no obstante, se aprobó la inclusión en el proyecto de ley con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones.

Con este resultado, la Tabacalera Sarandí, que domina cerca del 40% del mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio, producto de las ventajas impositivas de las que gozaba, volverá a pagar la alícuota del 73% de los impuestos internos mínimos al tabaco. Si esto es confirmado por el Senado, impactaría directamente en los precios del atado de cigarrillos que distribuye esa empresa. En este contexto no hay que olvidar que, en Salta, la tabacalera TABES S.A. también gozaba de ese beneficio al no tributar el impuesto mínimo por contar con medidas cautelares otorgadas por el ex juez federal Miguel Antonio Medina.

Hasta antes del tratamiento de este artículo, y en el marco de negociaciones la intervención del gobernador salteño Gustavo Sáenz, jugó un papel importante con cortocircuito incluido entre el salteño y la Casa Rosada dada la clara y férrea defensa del mandatorio provincial en defensa del tratamiento e inclusión del tema en la ley Bases.

A raíz de esta situación, en los corrillos políticos, Gustavo Sáenz es uno de los mandatarios a los que Casa Rosada ve como un aliado en el Norte del país y donde Guillermo Francos, siempre mantuvo un contacto directo, posicionándolo como un referente en el NOA y NEA para acercar posiciones con la Casa Rosada.

La preocupación de Sáenz se manifestó incluso horas antes de la votación, de hecho, exhortó a los diputados a «enfrentar a la verdadera casta» poniendo fin a los privilegios fiscales que benefician a Otero. «Son 600 mil jubilaciones mínimas que podrían cubrirse anualmente con sólo enfrentar los intereses de una persona», escribió en X. Posteriormente y conocido el resultado también manifestó su beneplácito por este tema, positivo para las economías regionales.

Informe de Tabacalera Sarandí

La imposibilidad de competir por precio con las grandes empresas tabacaleras, constituye la base del planteo de inconstitucionalidad del impuesto mínimo formulado por Tabacalera Sarandí y otras Pymes tabacaleras y que fuera acogido por las dos instancias judiciales ordinarias.

La mayor pérdida en la recaudación del Estado Nacional, en lo que refiere al impuesto interno a los cigarrillos, se explica por la rebaja en la alícuota ad valorem -que pasó del 75% al 70% sobre el precio de los cigarrillos.

Según diferentes miradas, Tabacalera Sarandí no evade impuesto alguno a los cigarrillos. Tabacalera Sarandí paga impuestos internos en las mismas condiciones que lo hacen todas las Pymes tabacaleras (pago del impuesto ad valorem, es decir, aplicando la tasa del 70% sobre el precio de los cigarrillos informados por los fabricantes). El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial, por lo que Tabacalera Sarandí no tiene obligación legal de abonar dicho impuesto. En consecuencia, no hay obligación de pago. Otras miradas argumentan que el no pago del impuesto mínimo, sea por medidas judiciales o por voluntad, afecta directamente al Fondo Especial del Tabaco (FET).

Actuación de los legisladores salteños

En la reñida votación sobre el artículo de las tabacaleras, los diputados nacionales por Salta votaron de la siguiente manera:

Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, de Innovación Federal, por la inclusión del artículo tabacalero; Emilia Orozco, Julio Moreno Ovalle y Carlos Raúl Zapata, de La Libertad Avanza, por rechazar la inclusión del artículo tabacalero, en tanto que Emiliano Estrada, de Unión por la Patria, se abstuvo.

La mirada política de estos votos plantea que Calletti, Outes y Vega, siguieron los lineamientos del gobernador Sáenz en resguardo de lo que beneficia a las provincias, no sólo a las siete productoras de tabaco sino a todas por lo que genera la recaudación de ese impuesto que es coparticipable; en tanto que Orozco, Moreno y Zapata, obedecen lo normado por La Libertad Avanza, dejando de lado la defensa de los intereses de los salteños, siendo simplemente piezas útiles o inútiles -según se mire- y la posición de Estrada se encuadra en un «ponciopilatismo» que no lo deje bien parado frente al electorado y a sus apetencias políticas futuras, en relación a su verborragia y acting que pregona cuando se refiere a su rol en Diputados.

El primer paso ya lo dio Diputados, para beneplácito de Sáenz, el sector tabacalero y los salteños, ahora falta que Senadores haga su parte. Pero no se debe olvidar que allí se encuentra el senador salteño Juan Carlos Romero, alineado con el gobierno nacional por lo que no sería de extrañar que su voto -como lo fue en el aumento de dietas- una vez más juegue en contra de los intereses de la provincia, reafirmando el dicho: «no hay peor astilla que la del mismo palo»/NAG.

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Con información del Nuevo Diario por Pablo Otero