La devolución de IVA a los jubilados, un plan presentado por el Gobierno como una herramienta clave para favorecer a los sectores más vulnerables

La devolución de IVA a los jubilados, un plan presentado por el Gobierno como una herramienta clave para favorecer a los sectores más vulnerables, tampoco alcanzará este año la meta planteada en el momento de la sanción de la ley. El Presupuesto 2018 prevé para ese programa, creado en junio de 2016, un gasto de $4775 millones, un 72% menos de lo presupuestado para 2017 y solo una quinta parte de los $22.000 millones anuales calculados en el lanzamiento del plan.

El objetivo para 2018 está, de todas maneras, lejos de alcanzarse si el programa sigue funcionando como hasta ahora. El año pasado la devolución de IVA no llegó a los $2000 millones, pese a que el Presupuesto 2017 preveía un gasto en ese rubro de $17.138 millones. Los jubilados se perdieron de recuperar $15.000 millones.

Aunque en el último informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso se aclaró que la cifra proyectada para este año no representa un límite para las devoluciones sino solo una estimación de lo que insumirá el programa, con el cálculo de 2018 el Gobierno no hace más que resignarse a que el plan seguirá sin explotar en el corto plazo. En lugar de redoblar los esfuerzos para que el dinero llegue al bolsillo de los jubilados, se recortaron las expectativas.

Concebido para atenuar el impacto del IVA en la canasta básica de los sectores más desprotegidos, el programa abarca a casi 6.500.000 personas, entre jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La ley indica que a los beneficiarios se les retribuye una porción del IVA por sus compras con tarjeta de débito. Durante el debate legislativo, el oficialismo sostuvo que para los jubilados significaría un «sueldo 14», que se sumaría al aguinaldo. La cifra surgía de anualizar los $300 que como máximo cada beneficiario podía recuperar por mes, equivalente a 15 puntos porcentuales del IVA que pagaban en sus consumos.

El problema es que las operaciones con tarjeta de débito son muy escasas entre los beneficiarios. Por un lado, la mayoría de los jubilados acostumbra a comprar en efectivo. Por otro, hay una gran cantidad de comercios que no dispone de medios de pago electrónicos, en especial en los barrios más pobres. La pregunta es si se está haciendo el todo esfuerzo necesario para mejorar el funcionamiento del programa o si, como sospecha la oposición, el Gobierno está dejando que se desinfle para cumplir con las metas fiscales. LA NACION no obtuvo respuesta de parte del Ministerio de Hacienda, el órgano de aplicación de la ley.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , detalló en su último informe ante el Congreso, del 30 de noviembre, una serie de medidas tomadas por la AFIP . Sin precisar los recursos invertidos, indicó que se realizaron «banners informativos publicados periódicamente en la página web institucional»; «videos, spots e infografías publicados en las redes sociales»; «comunicaciones a través de los medios de contacto» con los potenciales beneficiarios y con los comercios obligados, y «difusión presencial en eventos o ferias locales».

Ante una pregunta del diputado Axel Kicillof , Peña detalló en el informe que desde el inicio del programa se instalaron 270.452 posnet. En el despacho del diputado kirchnerista indicaron a LA NACION que la cifra no discrimina qué cantidad de dispositivos se instalaron en el marco de la aplicación específica del plan, que contempla una reducción de costos para los pequeños comercios.

A juzgar por la cantidad de personas que usó el programa, los esfuerzos no resultaron suficientes. En su mes de mayor aplicación, en diciembre de 2016, lo usó el 22% de los potenciales beneficiarios. Desde entonces el porcentaje de uso no volvió a alcanzar esa cifra.

El porcentaje es aún inferior entre pensionados y titulares de la AUH: el 94% de ese universo nunca utilizó la herramienta, según detalló un estudio del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, vinculada a ATE Capital. El análisis, elaborado a partir de los datos oficiales, indica además que los que obtuvieron devolución de parte del IVA no llegaron al tope mensual de $300. Es decir, los que lo usaron lo aprovecharon poco.

«Una cosa importante que le falta al programa es más publicidad, porque hay una cultura de baja utilización de los medios de pago electrónicos en jubilados y titulares de AUH. La mera puesta en marcha de la iniciativa sin una bajada al territorio no alcanza para que se genere el cambio cultural que se necesita», indicó Juan Balasini, autor del estudio de ITE. «Los números de uso mes a mes demuestran que el que no se enteró en los primeros meses después ya no se subió al programa», agregó.