En el momento de los delitos de lesa humanidad, Levin era dueño de La Veloz del Norte.
La decisión se tomó por mayoría, con la disidencia de la jueza Marta Liliana Snopek. Además de dictar la prisión preventiva, la jueza María Alejandra Cataldi y el juez Juan Carlos Reynaga decidieron librar oficio al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, «a efectos de que, previo informe de viabilidad en los domicilios de los imputados, se coloque a los nombrados un dispositivo de control (pulsera electrónica)».
Las medidas se dictaron al hacer lugar a un pedido del fiscal general Carlos Amad. El tribunal también accedió a actualizar los montos de los embargos impuestos en su momento a los cuatro acusados. En el caso de Levín le impuso un embargo de $2.400.000, y de $1.200.000 para Almirón, Cardozo y Grueso. También se les prohibió la salida del país.
En el momento de los hechos, Levín era el propietario de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Almirón y Cardozo cumplían funciones en la Comisaría 4° de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas, y Grueso era gerente de personal de La Veloz. A los cuatro acusados se lo responsabiliza por haber elaborado la lista de personas que iban a ser detenidas.
La acusación sostiene que Levín se valió de la estructura represiva del Estado para acallar cualquier intento de reclamo laboral en su empresa. Con ese objetivo hizo una denuncia penal acusando al dirigente gremial de la UTA Victor Cobos y a otros trabajadores por un supuesto fraude, que nunca fue probado, pero que en su momento puso en marcha una serie de detenciones, torturas e interrogatorios, y luego muchos de estos empleados fueron despedidos.
