Adriana Bonifacio, propietaria del lugar, recordó que el enfrentamiento viene desde 2006 por la aplicación de la ley 26.160, y demandó que los relevamientos reconocidos por el INAI se realizaron sin autorización ni permisos de los dueños, los que no fueron puestos en conocimiento de su realización. Agregó que la situación es muy grave porque ellos se enteraron a través de la página del INAI, y no porque hayan sido notificados.

También señaló que desde el comienzo del conflicto se alteró la buena convivencia que todos tenían a lo largo de los Valles Calchaquíes, y hoy hay mucha desconfianza y hasta hubo actos de violencia. Indicó además que esto lleva a una baja productividad de la tierra, ya que por ejemplo en La Poma hay muchas propiedades que tienen medidas de no innovar, por lo que no pueden ser trabajadas.

Consultado sobre el tema, el abogado Federico Frías reconoció que si bien el ordenamiento territorial es una manda legal de la ley 26.160; esa norma también establece una serie de requisitos que se deben cumplir, como un estudio antropológico y otro sociológico, que deben constatar que en las tierras que se demarcaron existan comunidades originarias como tales, que vivan en comunidad, con costumbres de pueblos originarios. Sobre este punto indicó que ellos advierten que bajo el ropaje legal de una personería jurídica hay grupos de personas que, en fraude a la ley, están tratando de apropiarse de terrenos de particulares.

Bonifacio relató además que ayer se reunieron con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y destacó que la reunión fue muy productiva, porque hay buena disposición para congeniar y llegar a una solución a este problema. Enfatizó que ellos quieren llegar a una solución, que en su opinión es que dejen de salir las resoluciones del INAI. Aclaró que si bien esos relevamientos no otorgan derecho de propiedad a las autodenominadas comunidades originarias, no quiere que se plante bandera con que ese territorio es de una comunidad indígena.

Finalmente señaló que no hay ocupación real de la tierra por parte de las comunidades, y opinó que los relevamientos son totalmente arbitrarios porque no se constató que cada finca está ocupada por su propio dueño, y en algunos casos tienen arrenderos o pastajeros que reconocen la propiedad en el dueño”. Y adelantó que la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes está pensando impugnar esta última resolución de relevamiento del INAI, porque no hacerlo sería consentir la determinación que tomó el organismo.