El primer paro contra Javier Milei pondrá a la CGT este miércoles en el centro de la escena no sólo porque marcará un punto de difícil retorno con la administración libertaria sino porque representará la bisagra en el rearmado de la oposición tanto referenciada en el peronismo como, aspiran los sindicalistas, la que encarnan otras expresiones políticas distantes de los métodos de la actual administración. Será la mayor acción de protesta contra el Gobierno en el escaso mes y medio que lleva de mandato y lo novedoso es que provendrá del sector tal vez menos hostilizado por el mandatario en el plano retórico.
Actualidad Nacional
La CGT se reconoce como artífice de los traspiés judiciales y políticos que tuvo hasta ahora el Gobierno
Más allá de ese sofocón la CGT sólo cosechó victorias después del anuncio del paquete económico. El 27 de diciembre marchó sin incidentes y en abierto desafío al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y puso la piedra inaugural de una estrategia judicial que fructificó en cautelares contra el DNU por parte de la Justicia laboral y la decisión del fuero Contencioso Administrativo -el favorito de Rodolfo Barra- de no intervenir en esa materia. A continuación convocó a su Comité Central Confederal y votó por unanimidad el paro de 12 horas de hoy y la marcha al Congreso cuando sus principales referentes advertían, en la previa, que no se le pondría fecha a esas medidas.
En todo ese proceso la mayor central sindical no sólo logró arrastrar a otras versiones gremiales sindicadas como más combativas, como las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sino que, más importante aún, lo hizo apalancada en un consenso interno nunca visto en los ocho años que lleva la conducción colegiada en formato de triunvirato. La voz habitualmente disidente en ese esquema, la de Pablo Moyano, terminó por abrazarse a la estrategia de los «gordos» y los «independientes» que no sólo por una vez eligieron mostrar los dientes antes de tiempo sino que, en esta ocasión, contaron con el apoyo irrestricto de Hugo Moyano, la última palabra en Camioneros.
En la cima de la CGT impera la satisfacción. Se reconocen artífices de los traspiés judiciales y políticos que tuvo hasta ahora el Gobierno para avanzar en el DNU y la ley Ómnibus. Y también, de haber amalgamado una eventual nueva mayoría parlamentaria con la simpatía del grueso del peronismo, algunos partidos provinciales, el Frente de Izquierda, buena parte del bloque de Miguel Pichetto y hasta los radicales que siguen a Facundo Manes. Muy en reserva también alegan tener una vía de diálogo con Rodrigo de Loredo, el presidente de la bancada radical y posible fiel de la balanza en los equilibrios en el Congreso.
Cuando se les consulta a los referentes de la «mesa chica» de la central qué prevén para el día después del paro advierten que procurarán cosechar la acumulación política producto de un posible paro contundente y de una seguramente masiva movilización y poner en juego ese capital para «voltear definitivamente el DNU». Ese instrumento es la mayor preocupación de los sindicatos porque hiere de muerte, además del eje consagratorio de derechos laborales contenido en la ley de Contrato de Trabajo, los mecanismos de financiamiento de los gremios y los resortes de la protesta sindical.
En ese escenario parecido al ideal para la CGT, con el DNU convertido en letra muerta y la ley Ómnibus eventualmente deshilachada por los tironeos parlamentarios, los gremialistas creen que se abrirá necesariamente un espacio para la discusión política sobre futuro de la oposición que los tendrá, a diferencia de la campaña electoral, como protagonistas por derecho propio y ya sin la presencia hegemónica de Cristina de Kirchner y La Cámpora.
