Se debe a una merma de los recursos coparticipables y aportes discrecionales.
La nueva administración nacional, que tiene como presidente a Javier Milei, se ha puesto con el firme objetivo de reducir el déficit fiscal a «cero». En este camino, el Gobierno libertario lanzó una serie de medidas que están enfocadas al recorte del gasto público. Una de las más polémicas y que más complica a los gobernadores es la reducción al mínimo de las transferencias no automáticas o «discrecionales» a las provincias.
Mientras el Gobierno nacional sigue haciendo recortes y tratando de asfixiar a las provincias quitándoles fondos, hay sectores de vital importancia como el de la docencia salteña que podría recibir una fuerte reducción en sus salarios.
En ese sentido, Salta enfrenta un desafío económico ya que la provincia tuvo una merma de ingresos por la caída en las transferencias automáticas. A esto se le suma la cancelación de los aportes discrecionales provenientes del gobierno nacional. En total, en enero, la provincia tuvo una pérdida de ingresos que rondaron en los $17.948 millones.
En el caso de las transferencias automáticas, los números son claros: se observa una disminución sustancial en diversos rubros claves. Por ejemplo, en el caso de las ganancias la pérdida de la 4° categoría de Ganancias se traduce en una pérdida de ingresos de $5.100 millones.
Asimismo, la baja en la recaudación por actividades económicas, la caída estimada es del 28,5%, ha generado una pérdida de ingresos por un total de $2.438 millones, mientras que el Consenso Fiscal ha representado $2.860 millones menos en recursos transferidos. En conjunto, estas transferencias automáticas suman un total de $10.398 millones, marcando una disminución considerable en comparación con periodos anteriores.
Por otro lado, las transferencias no automáticas también han sufrido un revés significativo, con una baja de $7.550 millones. Esta reducción en los recursos transferidos desde el Gobierno nacional agrava aún más la situación financiera de la provincia, impactando directamente en su capacidad para financiar programas y servicios esenciales para la comunidad.
En una entrevista con el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, se abordaron diversos aspectos vinculados al federalismo argentino y las transferencias que recibe la provincia ya sean automáticas o no automáticas (conocidas como aportes discrecionales) que impactan en el desarrollo y la calidad de vida de los salteños.
La suma de estas pérdidas asciende a un total de $17.948 millones, representando un golpe considerable para las arcas provinciales. La contribución del gobierno nacional es fundamental para mantener la estabilidad económica y social de las provincias, permitiendo así que puedan cumplir con sus obligaciones y brindar servicios de calidad a sus ciudadanos.
A diferencia de las transferencias automáticas (cuyas asignaciones están determinadas por una serie de leyes), las transferencias no automáticas o «discrecionales» no se rigen por mecanismos preestablecidos sino por diferentes circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras, necesidad de financiamiento de obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.
«Al eliminar todos los programas nos implica en términos de ingresos por año para este mes 7 mil millones de pesos menos. Esto es distinto a los subsidios que se les da a las personas, pero si impacta indirectamente porque en muchos casos son subsidios al transporte o a la energía. Estos aportes, no lo pueden usar los gobierno provinciales de manera discrecional, o sea que si el subsidio va para transporte, se tiene que utilizar ahí», destacó Dib Ashur.
La Ley de Coparticipación Federal dispone que, del total de impuestos coparticipables (principalmente IVA y Ganancias), el 42,34% se los queda el gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese uno por ciento es el que distribuye con transferencias no automáticas, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional.
La provincia en enero de 2023 recibió recursos transferidos por parte de Nación por el monto de $2.724 millones. Si a ese monto lo actualizamos con el IPC de 2023 -211,4%-, Salta tendría que haber recibido más de $8.483. Pero con el recorte de gastos del gobierno de Javier Milei a las provincias las transferencias discrecionales este año Salta llegaron a $934 millones, es decir que tuvo una baja del 89% en las transferencias no automáticas.
El Ministro de Economía también hizo referencia a los ATN, que es el 1% de la recaudación de los impuestos coparticipables. En enero del 2023 fueron $ 1.000 millones los aportes que recibió la provincia por ese concepto.
«Este ATN se tiene que distribuir o está creado para distribuirse ante situaciones excepcionales en alguna jurisdicción. Puede ser un temporal, puede ser una cuestión pandémica, puede ser una sequía, o puede ser alguna situación de desequilibrio importante que tenga alguna jurisdicción. Ese 1% corresponde por ley a las provincias que he distribuido por nación y lo maneja el Ministerio del Interior», destacó.
El desafío del federalismo y los fondos nacionales
En la charla con El Tribuno, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, señaló la necesidad de repensar los criterios establecidos por la Constitución Nacional en materia de distribución de recursos, los cuales, según mencionó el funcionario provincial, deben contemplar aspectos como población, distancia al puerto, pobreza y rutas. Sin embargo, señaló que actualmente no se está aplicando este criterio de manera efectiva, lo que genera desigualdades entre las provincias.
En cuanto a las transferencias no automáticas, el Ministro explicó que estas comprenden programas que no son de carácter automático y que se gestionan a través de un sistema federal, en el cual participan tanto el gobierno nacional como las provincias.
Un ejemplo son los programas que tiene el Ministerio de Educación para la reparación de escuelas, capacitación docente, salud pública, seguridad nacional y desarrollo de infraestructura, entre otros. También funcionan programas de incentivos para compensar el sueldo de los educadores.
Dib Ashur destacó la importancia de programas como el Fondo de Incentivo Docente, creado en 1998, que busca compensar el salario de los docentes y promover la calidad educativa en todo el país.
Asimismo, remarcó la relevancia de los programas de salud destinados a situaciones críticas como fue la pandemia por la COVID-19 o lo es el dengue en la actualidad. Además atiende distintas enfermedades como las oncológicas, es así que los esfuerzos conjuntos garantizan el acceso a los insumos médicos.
«Como este es un sistema federal, en algunos programas, un ministerio nacional se junta con los consejos federales y ahí se determinan políticas nacionales. En educación pueden ser desde las reparaciones de escuelas hasta el incentivo docente que viene a compensar el salario. En salud tenes programas que el gobierno nacional y el consejo federal define los temas relacionados a salud. En esta situación en particular, los argentinos salen a acompañar esas personas que corren riesgo de vida ya que los insumos son caros. En educación tenemos comedores escolares en los que asisten más de 170 mil personan», señaló el funcionario.
También hubo pérdidas de recursos por transferencias automáticas por concepto de eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, la baja en la recaudación en Actividades Económicas y el Consenso Fiscal, lo que representa un desafío adicional para mantener el equilibrio fiscal y continuar con el desarrollo regional.
El funcionario aclaró que desde el Gobierno provincial le dan mucha importancia al diálogo y la planificación estratégica para enfrentar los desafíos económicos y financieros, aunque destacan que Salta ya atravesó otras situaciones coyunturales que fueron adversas y están dispuestos a encarar nuevamente.
«Lo que están haciendo es quitando financiamiento a todos los ministerios nacionales para que puedan aplicar políticas públicas. Si sumamos los aportes por las transferencias no automáticas, más las automáticas son $17 mil millones menos en enero», finalizó.
