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En una tensa sesión que comenzó con la ajustada votación del pliego de la ex presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, y de decenas de funcionarios judiciales, el Senado aprobó la modificación del Impuesto a las Ganancias y devolvió a la Cámara de Diputados la Ley de Alquileres.
Minutos después de aprobar el pliego de la jueza Figueroa, desplazada por la Corte Suprema por haber cumplido los 75 años que establece como límite la Constitución para ejercer y no lograr un nuevo nombramiento antes de alcanzar esa edad, la Cámara alta comenzó a discutir la modificación en el tributo que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.
La medida, igual que en Diputados la semana pasada, fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y sus aliados. En tanto que Juntos por el Cambio volvió a manifestar su rechazo bajo el argumento de que se trata de una iniciativa «electoralista» y que agrava aún más el estado de las cuentas públicas. Finalmente, la reforma fue convertida en ley con 38 votos afirmativos y 27 en contra.
El proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias apunta a que los cambios puedan implementarse a partir del 2024, y entre otras cuestiones, busca la eliminación de la cuarta categoría del gravamen y la creación, en reemplazo, de un impuesto cedular que fija el pago del tributo únicamente para los ingresos superiores a 15 salarios mínimos mensuales, que hoy representan más de $1.770.000, pero llegaría a $2.000.000 con el ajuste que se debatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario.
Ese nuevo gravamen tendrá una alícuota progresiva sobre el excedente, que va de 27% a 35%, y que se actualizará con el valor del salario mínimo dos veces por año. Así, sólo pagarán Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales.
El proyecto no incluye a cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes. También se excluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos.
Alquileres vuelve a Diputados
Inmediatamente después de aprobar Ganancias, los legisladores comenzaron a discutir la reforma de la Ley de Alquileres proveniente de Diputados. En la Cámara Baja, la oposición había impuesto su proyecto, que retrotrae a dos años la duración de los contratos -actualmente es de tres-, con una actualización cuatrimestral de los precios -hasta tres por año- y confiere a las partes la posibilidad de acordar el parámetro bajo el que efectuarán esos ajustes, pudiendo elegir la evolución del índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y/o el índice de salarios, pudiendo establecer también como parámetro la combinación de dichos indicadores.
Con 37 votos a favor y 29 en contra, la bancada oficialista logró aprobar un dictamen que mantiene la vigencia del contrato por tres años, pero establece que los ajustes sean de forma semestral. Para ello, prevé la aplicación del índice «Casa Propia», que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Actualmente se realiza a través del ICL que elabora el Banco Central donde también combina suba de salarios e inflación pero en porcentajes diferentes.
La reforma aprobada en el Senado también ordena que los contratos deberán realizarse en moneda nacional y establece incentivos impositivos para quienes pongan su vivienda en alquiler.
El texto volvió a Diputados. Allí, los legisladores podrán aprobar ese texto o insistir con la letra original, pero para ello se requieren el acompañamiento de dos tercios de la Cámara baja.
