30-10-20 Obliga a informar la cantidad de azúcares, sodio y grasas. Las tucumanas votaron en contra. Hubo presiones de empresas hasta el último minuto. Resta el voto de Diputados para sancionarla.

El Senado aprobó este jueves la ley de etiquetado frontal que obliga a las empresas a informar en forma visible los nutrientes críticos de los productos, resistida por la industria alimenticia que intentó hasta pocas horas antes cancelar su tratamiento.

«Paren de repetir mentiras de lobbystas que no dan la cara y llaman a legisladores para convencerlos. A los senadores no los elige ninguna compañía de gaseosas o de galletitas. Y esta ley no es contra nadie», se molestó al final de la sesión Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, fastidiada por los telefonazos de las empresas alcanzadas.

La ley sólo fue rechazada por las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos), preocupadas por el destino de los 15 ingenios azucareros de su provincia. Pero otros senadores de Cambiemos votaron en contra del artículo que le otorga sólo 180 días a las empresas para adaptarse a las normas, con opción a una prórroga del mismo plazo; y del que coloca los parámetros de los nutrientes críticos a los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a los que deberán adaptarse en hasta dos años.

«Si hay que reformar la industria es en un plazo razonable y de implementación gradual. Me preocupa mucho un período tan corto y que no se adapte al Código del Mercosur», planteó el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud. El proyecto obliga a informar contenidos de sodio, azúcares y grasas saturadas o totales, con un sello en forma de octógonos y letras mayúsculas, no inferior al 5% de la superficie del envase.

Este diseño es el que se utiliza en Chile y es uno los frentes de batalla que libra Daniel Funes de la Rioja, presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), que pidió imitar el de Brasil, donde el etiquetado es en gráfica de lupa y casi invisible para el consumidor. Sólo quedarán exceptuados de ser informados en el sello el azúcar y sal común, aceites vegetales y frutos secos.

Además, será obligatorio declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos)  en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano en ausencia del cliente.

La ley tiene además un capítulo extenso de prevención de consumo en los niños, con restricciones a las publicidades como la de incorporar personajes infantiles y el sello de advertencia de edulcorantes. También se prohibirá comercializar alimentos sellados en los kioscos escolares, motivo de una advertencia de Cristina Kirchner sobre un posible reclamo de los gobernadores por posible violación de las autonomías. Podría saldarse con una norma de salud nutricional.

«Estamos tratando de evitar enfermedades como diabetes, obesidad o accidentes cerebrovasculares», resumió Siliva Sapag, miembro informante del dictamen consensuado entre todas las fuerzas políticas, sólo alterado por la resistencia tucumana.

«La industria no debe destruirse sino reconstruirse con alimentos sanos, que sean una forma de generar empleo. Cuando un niño lleve una manzana en vez de unas (galletitas) Oleo vamos a tener la batalla ganada. Y no es sólo un tema de educación en sus hogares. Decir eso es pensar que la publicidad no tiene peso y que el Estado no tiene roles», sostuvo Gladys González, del PRO.

La radical Elías de Pérez fue la voz de la resistencia tucumana. «Esta ley ataca la azúcar, la demoniza. Y es un nutriente natural y órgano», se lamentó. Le respondió la jujeña Silvia Giacoppo. «En mi provincia está  el ingenio más grande del país y tal vez el de Sudamérica. No se está demonizando la azúcar, sino que se cuida lo que llevamos a la boca de nuestros niños».

El radical Julio Cobos apuntó que «las enfermedades crónicas no transmisibles produce la muerte de 41 millones de personas en el mundo y 140.000 en nuestro país. La mejor manera de trabajar en la política de salud es en la prevención».

Su coterránea Fernández Sagasti dijo que la ley «garantiza el derecho a la información clara y veraz a los consumidores. De eso se trata: de la advertencia. No es contra nadie, es a favor del derecho de los argentinos de comer bien. La falta de información llevó a que seamos los más grandes consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial y nos venden alimentos saludables cando no lo son».

Citó una encuesta oficial que detecta un 61% de la población local con excesos de peso, 35% con presión arterial  y un 30% con colesterol elevado. Y contó que viajó a Chile para estudiar su implementación y el resultado fue una jerarquización de las empresas por su sellado y hasta la salida de nuevos productos de exportación con mejores nutrientes. «Y todo sin despidos ni bajas de salarios», remarcó.

«Me gustaría que las empresas tuvieran la energía que pusieron que para que no salga la ley para ofrecer a los argentinos mayor información acerca de componentes nutricionales de su productos y hacerlos más saludables. Esta ley es a favor de la salud», cerró la mendocina.

Fuente : LPO