Entre los principales incentivos, la nueva ley propone eximir del impuesto a los bienes personales hasta un plazo máximo de dos períodos fiscales al valor de las inversiones en construcción de obras privadas nuevas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

También señala que los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles «gozarán del diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas o del Impuesto a las Ganancias, según corresponda.

Por ese blanqueo, según el proyecto, se cobrará un impuesto especial que se determinará «sobre el valor de la tenencia que se declare» de 5% cuando sean ingresados «desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020; del 15% cuando sea «desde el 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2021» y del 25% cuando sea «desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2021».

Durante el debate, los senadores coincidieron en el objetivo de reactivar las obras de construcción privadas que indirectamente favorecen la generación de empleo en distintos rubros, aunque mostraron matices en lo referido a la regularización de tenencia de pesos o dólares sin declarar.

El cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió este punto al señalar que «esta normalización de tenencias tiene una serie de requisitos que van a ayudar a prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo» y explicó que «se excluye terminantemente a todas las tenencias en jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes».

A su turno, el mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio) afirmó que el acompañamiento a la sanción de la ley por parte de la oposición se debe a que «para salir de la crisis hay que motivar la construcción». No obstante, señaló que «el problema es que no hay créditos y tampoco certidumbre» y que por ello el país siempre apela «a los dólares que están bajo el colchón» y agregó: «Hay que definir expresamente qué valor de dólar vamos a optar».

La Cámara alta esta vez no estuvo comandada por Cristina de Kirchner, quién reemplaza a Alberto Fernández por el viaje oficial a México. En su lugar, Claudia Ledesma Abdala, fue ratificada en dicho cargo una hora antes del comienzo de la sesión especial donde avanzaron varias leyes.

Consenso Fiscal

Más temprano, la Cámara de Senadores sancionó el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La aprobación del entendimiento, que tuvo 49 votos positivos y 15 negativos, se dio en una votación en la que el interbloque de Juntos por el Cambio se mostró dividido. El entendimiento fue firmado por los gobernadores y el Presidente, el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada.

Como miembro informante del Frente de Todos, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, ponderó el convenio al señalar que se trata de una «armonización con las provincias en cumplimiento de normas básicas».

En su discurso durante la sesión especial del Senado, Caserio cuestionó al macrismo al sostener que todos los acuerdos de consenso fiscal firmados durante su gestión no se correspondían con los datos de la realidad y reprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la fuga de capitales que, según opinó, ocurrió durante ese período.

En representación de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, declaró que «está claro que con esta presión tributaria no se puede y con este Estado tampoco». El legislador porteño consideró que Argentina debe aspirar a tener «un Estado riguroso y sobrio con norte y moral en las decisiones», ya que «actualmente tenemos un Estado rapiñado, desguazado y tironeado por las facciones de poder de turno».

El acuerdo fue firmado por todas las provincias, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal. Tampoco firmó el acuerdo la Ciudad de Buenos Aires, debido al enfrentamiento que mantiene con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.

Ratificación de las autoridades

Al comienzo de la sesión, el Senado avaló la continuidad del radical Martín Lousteau como vicepresidente del cuerpo, así como del misionero K Maurice Closs y la legisladora macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), como vicepresidentes primero y segunda de la Cámara alta, respectivamente. Mismo caso iría para secretarías administrativas y parlamentarias.

El pleno de la Cámara alta también aprobó los pliegos de los embajadores argentinos en China, Sabino Vaca Narvaja; Cuba, Luis Ilarregui; y Bolivia, Ariel Basteiro.

Los nombramientos recibieron aval de los senadores de ambas bancadas, aunque el peronista disidente Juan Carlos Romero se abstuvo, luego de que hace algunas semanas habían sido dictaminados durante una reunión de la Comisión de Acuerdos.

El Gobierno de Alberto Fernández envió al Senado los pliegos de los diplomáticos Luis Alfredo Ilarregui, Ariel Basteiro y Sabino Vaca Narvaja, quienes serán los representantes de la Argentina ante Cuba, Bolivia y la República Popular de China, respectivamente.

Por otra parte, avanzan las sanciones de dos iniciativas. Una es la que establece que el área de Ciencia y Tecnología pase de un financiamiento de prácticamente de 0,28% del Producto Bruto Interno actual al 1% del PBI en 11 años.

El otro proyecto es el que otorga, por única vez, un beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, “importando la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. En Diputados, la oposición criticó el olvido del Estado sobre la tragedia ferroviaria de Once.