El rechazo del Consejo Agroindustrial al impuesto a la riqueza: en qué impacta en el plan estratégico del sector que negocia con el Gobierno


23 noviembre, 2020


23-11-20 El plan es ambicioso y promete entre sus líneas llevar las exportaciones argentinas a U$S 100.000 millones anuales y generar 700 mil puestos de trabajo al generar un marco de estabilidad fiscal y financiera por diez años.

El proyecto del Consejo Agroindustrial fue paseado por despachos oficialistas y también tuvo pulgares arriba de opositores. Recolectó el visto bueno del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Kirchner, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también de referentes de Juntos por el cambio y del lavagnismo, entre otros.

“Hablamos con todos. Toda la política nos dio apoyo”, le dice a A24.com José Martins, vocero de esta organización con alta representación sectorial. Sin embargo se muestra decepcionado al hablar del proyecto recientemente aprobado en Diputados sobre el Aporte solidario de las grandes fortunas.

En medio de las negociaciones con el Gobierno para que esa “política de Estado” para la agroindustria pensada a 10 años sea ley, surgió el ruido del –también llamado- impuesto a la riqueza y su consecuente rechazo del establishment, el mundo empresario y el agroproductivo.

Mientras –dice- se busca dar previsibilidad y contar con bajas de impuestos, se está a punto de aprobar un nuevo tributo más.

Martins, aunque se muestra optimista, no deja pasar la oportunidad para subrayar que se estuvo diciendo «una cosa» y se “hace otra”. “Lo tenemos que marcar”, indica.

Habla de la necesidad de una acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional, el buen diálogo con el gabinete económico, por qué no se cumplieron las expectativas de liquidación de los productores –aún con las soja en U$S 430 la tonelada- a pesar de la baja de retenciones y sobre el clima “que por ahora no ayuda” para una cosecha mejor a la del año pasado.

-¿Qué mirada tiene la entidad respecto de la aprobación en Diputados del Aporte solidario de las grandes fortunas.

-El impacto económico es gravoso para aquellas personas que ya pagaron impuestos a Bienes Personales y ahora tienen que volver a hacerlo. Estamos hablando de extensiones de campo que por su cotización terminan pagando un tributo a un activo de trabajo. Lo que más pesa en este caso es que en la Argentina seguimos inventando impuestos.

La carga tributaria, sobre todo para la agroindustria, es altísima. Hay impuestos a las exportaciones, Ganancias, Ingresos Brutos, caminos rurales, tasas municipales. Está mal que se sigan cambiando las reglas el juego. No se puede correr el arco permanentemente.

Es un momento en el que necesitamos traer inversiones. Es difícil convencer a un inversor que venga a un país en el que pasan estas cosas, más allá de que esto tenga un fin entendible.

-¿Los sorprendió que avanzara rápido el tratamiento en el Congreso?

-Desde el Consejo Agroindustrial venimos trabajando desde mayo puliendo las propuestas y nunca estuvo en la agenda de discusión. Nosotros estamos tras una política de Estado. Pero nunca hablamos de la coyuntura. Hemos sido claros en decir que los temas coyunturales lo tienen que hablar cada una de las entidades.

-¿Piensa que el avance de este aporte altera o modifica ese plan a largo plazo?

No. Creo que el espíritu que tenemos tanto desde el Gobierno como desde el consejo tiene que ver con crear consensos y diálogos. Sí, por supuesto, nos parece lógico y razonable y lo hemos hecho -por eso el comunicado de la Bolsa de Cereales- tenemos que avisar: «Señores, estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra». Pero bueno, tenemos que saltar todas estas vallas y poner proa en tratar de convencer a la política.

-¿Cuánto piensa que la política en general y las discrepancias internas de la coalición gobernante pueden entorpecer el plan estratégico de largo plazo que buscan aprobar en el Congreso?

-Lo primero que hicimos antes de armar este plan era saber si la política estaba de acuerdo. Hablamos con todos. Toda la política nos dio apoyo a este programa y a este proyecto.

Sus grandes líneas requieren una macro economía estable, reglas claras y después dar ciertos estímulos para traer inversiones, achicar la carga fiscal, entre otras cosas. Con todo ese apoyo nos largamos. Pero evidentemente la coyuntura fue por otro carril y esperemos que esto sea por única vez y no quede en el tiempo como otros impuestos.

Soy una persona que creo en el diálogo que hay que convencer. Necesitamos crear empleo y necesitamos generar valor.

-¿Qué perspectivas alberga respecto de la aprobación del proyecto del plan presentado y que se está trabajando?

-Soy muy optimista. En las últimas charlas que tuvimos con el gabinete de ministros, que está muy involucrado, se armaron mesas de trabajo. Eran 4 y hoy ya son 7. Hay mesas más avanzadas que otras.

Cuando empezamos con esto pensamos en que tenía que ser una ley ómnibus. Después nos fuimos dando cuenta que hay cosas que tienen que ir por ley y otras que pueden salir rápido por el Poder Ejecutivo.

-¿Cuáles son esas mesas de trabajo?

-Una tiene que ver concretamente con el proyecto de ley, que contiene, entre otras cosas, desgravaciones e incentivos para nuevas inversiones, comprar de insumos, recupero de IVA. Esa es la más avanzada.

En esa reunión, el ministro Guzmán puso mucho de sus equipos a trabajar. La idea es si se puede sacar esta ley con la que va a sacar el ministerio de Economía sobre la estabilización de la macro, que no conozco y está ligada a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esa mesa está muy avanzada y soy muy optimista.

-¿Qué otras mesas hay?

-La de Economías regionales está más trabada. Pedimos baja de retenciones y una mejora en los reintegros. El Gobierno no quiere que impacte en lo fiscal. Hay otra de carnes. Se sigue discutiendo.

Hay una cuarta mesa, que tiene que ver con todo lo que sea a trámites administrativos para la exportación agroindustrial. Para el Estado no tiene impacto fiscal, pero para el privado es muy importante en términos de costos. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estuvo muy de acuerdo en el tema.

Cristina Kirchner, a fines de julio, al recibir a integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino.

-La soja está en torno a los 430 dólares la tonelada. ¿Eso tentará más para acelerar la liquidación, algo que se sigue esperando desde despachos oficiales?

-No veníamos muy atrasados. El productor maneja sus ventas como los asalariados manejan sus sueldos. Cuando hay oportunidades de inversión, anticipa ventas, si no prefiere quedarse en granos.

El pequeño productor ya vendió apenas se cosechó. El gran productor tiene estrategias de cobertura. Y el mediano que por ahí retuvo, va vendiendo a medida que necesite plata. Ahí juega el precio pero también la brecha cambiaria. Yo no veo un gran incentivo para decir «uy! ¡voy a vender!».

-¿Cómo mantiene la armonía con tantas y tan distintas entidades?

-En nuestro caso, somos 57 entidades hoy. Hace 2 meses cerramos el ingreso de nuevas. Porque somos horizontales. No hay gobernanza, no hay presidente, ni estructuras. Todo lo hacemos de manera democrática. En mi caso soy solo un vocero. La entidad más poderosa tiene la misma voz que la más chica.

-¿Cree que será rápido el acuerdo con el FMI?

-Hay que poner toda la atención en eso porque es una de las cosas que nos va a servir a estabilizar la economía. Es muy importante llegar a un acuerdo y cuanto antes para dar previsibilidad.

-¿Qué expectativas tiene sobre escenario cambiario?

-Nuestro plan viene a generar divisas, crear empleo, hacer crecer el interior. Pero si no tenemos una macroeconomía estable no va a suceder. Ese punto es muy importante.

-¿Cómo observa, ya en el rol de presidente de la Bolsa de Cereales, la próxima cosecha?

-Estoy preocupado porque tenemos un clima que no nos está ayudando mucho. Trigo, que parecía que iba a ser muy auspicioso, se nos vino cayendo. En soja hay unas perspectivas bárbaras de precios. La cosecha parece que será muy parecida a la del año pasado.

 

 

Fuente : A24.com

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