El oficialismo impuso su mayoría en un fuerte debate con intercambio de ideas. 

El kirchnerismo impuso su mayoría en las comisiones de justicia y asuntos constitucioanles de Diputados para dictaminar la reforma del Ministerio Público fiscal, impulsada por Cristina Kirchner y aprobada en el Senado en noviembre, que obliga a una salida del procurador interino Eduardo Casal y permite sustituirlo con la mayoría oficialista de la Cámara alta.

 El despacho tuvo 34 votos a favor y 30 en contra, y entre los primeros estuvo respaldo de José Luis Ramón, presidente de un bloque aliado, quien accedió luego que le confirmaran la creación de una procuraduría de defensa de consumidor.

Los otros cambios al proyecto aprobado del Senado fueron los artículos negociados por el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo, que había anunciado el ministro de Justicia Martín Soria en su exposición en comisión.

Como explicó LPO, el oficialismo no tiene los votos aún para aprobar la ley en el recinto pero los buscará la próxima semana. Apuesta a la ayuda con quórum y abstenciones, ante un Cambiemos que tendrá ausencias por licencias, para aprobarla con modificaciones y devolverla al Senado para su sanción definitiva.

Los aspectos centrales del proyecto siguen intactos: propone que el procurador ya no sea vitalicio, sino con un mandato de cinco años y chance de una reelección; y pueda ser elegido por la mitad más uno de los miembros del Senado y no dos tercios, que obliga a negociar con la oposición de turno.

También prevalecen la mayoría de las funciones asignadas en el texto original a la bicameral de Ministerio Público, dominada por el oficialismo, que podrá designar el reemplazante a Casal en forma temporal.

Así lo anunció la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, durante un caliente plenario de comisiones en el Anexo C de la Cámara de Diputados, en el que sobrevolaron gritos, insultos y amenazas, tal vez la escenificación de la grieta más clara en mucho tiempo.

Aunque no había acuerdo con Cambiemos para aplicar firma digital, una parte sesionó forma remota y el resto se batió a duelos verbales violentísimos, como cuando el kirchnerista Lepoldo Moreau dijo que a Horacio Rodríguez Larreta le arruinó la vida el «espionaje ilegal» de Mauricio Macri y si sigue con él es «por síndrome de Estocolmo».

Cuando los cambiemistas lo tapaban a insultos confirmó que hacía alusión a los testimonios de agentes de inteligencia en la bicameral que preside sobre las persecuciones al jefe de Gobierno y su vice. «La vida privada de la gente la atropelló Macri, que tiene esa costumbre, hasta con su propia familia. ¡Mirá si no se iba a meter con Rodríguez Larreta o Santilli!», replicó.

«Se rasgan las vestiduras en nombre de la República, pero el gobierno de Macri encaró la campaña más hostil y agresiva contra la ex procuradora (Alejandra) Gils Carbó, quien fue designada por una inmensa mayoría del Senado».

Leopoldo Moreau, diputado nacional del Frente de Todos.

La furia opositora la dominó el macrista Fernando Iglesias, quien repitió su práctica de insultar por lo bajo a los diputados oficialistas mientras hablan y hasta hizo alusión a un tema médico de Moreau. «No podemos seguir escuchando estas agresiones de este diputado. Alguna medida hay que tomar», se indignó Gabriela Cerruti, del Frente de Todos.

El oficialista Rodolfo Tailhade, que tuvo el rol de moderar el plenario por ser presidente de la Comisión de Justicia, llegó a exigirle a Iglesias que se callara «para no andar llorando que lo empujan». Se refería a la denuncia que hizo en la última sesión sobre una supuesta agresión del diputado Carlos Viveros.

La macrista Silvia Lospennato tuvo que interrumpir su eufórico discurso ante los gritos del matrimonio Nicolás Rodríguez Saá y Carolina Gaillard. «¡Sos de la provincia de Buenos Aires y hay 60% de pobres!», le gritó.

Ese fue el clima, mezclado con denuncias de Cambiemos de una búsqueda de controlar el Ministerio Público por parte de Cristina Kirchner, por no motorizar el pliego del candidato a sucederlo, el juez Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández. Ya dijo que si hay una nueva ley renuncia a su pliego.

La senadora Anabel Fernández Sagasti nunca convocó a la Comisión de Acuerdos para debatirlo, entre otras cosas porque consideran que nunca reunirá los dos tercios para su elección. Sin embargo, mientras se sucedía el debate, los jefes legislativos de Cambiemos, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri le pidieron a la vicepresidenta que abra el debate sobre Rafecas.

«Está a la vista de todos los argentinos que el kirchnerismo nunca quiso a Rafecas como Procurador General. Prioriza su iniciativa legislativa, que le permitirá nombrar un jefe de fiscales con los votos únicamente del oficialismo y que, además, le da la posibilidad de designar un Procurador interino vía la vía la Comisión Bicameral de Seguimiento que maneja en la actualidad el Frente de Todos», señalaron en un comunicado.

La diputada Siley anunció los detalles del texto que planean enviar al Senado sin mucha atención de sus colegas, ya listos para la batalla. El acuerdo de Soria con Rívolo se incorporó al dictamen sin fisuras: los fiscales tendrán dos butacas y no una en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que además estará integrado por dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la minoría, un representante universitario, y un abogado de la matrícula referida al proceso en cuestión.

«Los dos fiscales serán elegidos por sorteo público», aclaró la diputada y anunció que se crearía además una procuraduría sobre los derechos de usuarios y consumidores, un pedido de Ramón para sumar a sus 6 dirigidos.

Claro que los procesos contra fiscales ya no los digitaría el procurador de turno a través de un consejo evaluador, que tendrán influencia de la bicameral. «Será regulado con plazo y transparencia» Siley anunció además que se incorporará un artículo eliminado por un decreto de Macri que garantiza al jefe de fiscales el control de su presupuesto. No hay grieta en la implementación de perspectiva de género en la elección de los fiscales, que en su mayoría son hombres.

«El proyecto es inconstitucional y pulveriza la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Este organismo terminará sovietizado, sometido a la vigilancia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que estará potencia con facultades excesivas», denunció el radical Gustavo Menna.

El proyecto es inconstitucional y pulveriza la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Este organismo terminará sovietizado, sometido a la vigilancia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que estará potencia con facultades excesivas.

«Lo más honesto y genuino sería que el oficialismo plantee una ley de amnistía para todos aquellos protagonistas de hechos de corrupción en los que el kirchnerismo está involucrado», planteó el radical Luis Petri, con mucho racconto histórico del protagonismo del PJ en las leyes judiciales.

«No tienen sentido esos debates del pasado. El sistema político cambió en 2001», le respondió Moreau, el más enfático defensor del proyecto. «Se rasgan las vestiduras en nombre de la República, pero el gobierno de Macri encaró la campaña más hostil y agresiva contra la ex procuradora (Alejandra) Gils Carbó, quien fue designada por una inmensa mayoría del Senado. El ‘prófugo’ Pepín Rodríguez Simón había amenazado con perseguir a sus si no renunciaba», denunció, antes de detallar las tarea de espionaje contra el jefe de Gobierno.

Y atacó sin piedad a Casal, con la exhibición de una foto vestida de cowboy en el festejo del aniversario de Estados Unidos en 2019. «Si lo hacían ir a festejar disfrazado, alguna influencia tenían», lo acusó, con la imagen del procurador interino en alto.

Le respondió Lospennato. «Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales».

Ramón denunció una campaña de hostigamiento en su contra por votar a favor. «¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?».

Lo chicaenó el lilito Juan Manuel López. «Ramón: lo que te prometieron no te lo van a dar, porque cuando se enteren los gobernadores va a haber un veto parcial. Es inconstitucional esa procuraduría».

Camaño, que presentó un dictamen de minoría, acusó a unos y otros de perseguirse. «Ninguna de las acusaciones que se hizo contra Gils Carbó fueron comprobadas», la defendió pero sostuvo que la ley que propone el Gobierno altera contra la autarquía del Ministerio Público y no la votará.

El debate siguió hasta las 0.30, con cruces entre los que quedaban, como el radical Diego Mestre. «Es demencial que en este día, en el que han fallecido casi 800 personas, hay un 45% de pobres, 70 mil muertos casi 15% de desocupación, al kirchnerismo lo único que le interesa es la ley de impunidad. Sólo quieren correr a Casal para controlar el ministerio público».

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