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Respaldado en
las modificaciones aceptadas por el oficialismo y en la abrumadora
mayoría obtenida en la Cámara baja, el Gobierno se encamina a asegurarse
en el Senado los votos necesarios para sancionar el proyecto de ley para cancelar la deuda con los denominados fondos buitre.
Ayer, la senadora Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia) confirmó que los tres legisladores de Misiones apoyarán la propuesta del Poder Ejecutivo. El mismo camino seguirán los tres representantes de Santiago del Estero, que lidera el ex gobernador de la provincia Gerardo Zamora, según confiaron voceros parlamentarios.
Con esos seis apoyos, Cambiemos y sus aliados (UNA,
GEN, y otras fuerzas) sumarían 35 voluntades y quedaría a tan sólo dos
votos de alcanzar la mayoría de 37 senadores que le garantizaría la
sanción sin contratiempos de la norma. El quórum para iniciar la sesión
ya estaría garantizado, según el compromiso asumido con anterioridad por
el jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro).
Ayer, en el inicio del tratamiento del proyecto en el Senado, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay,
expuso ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía para evacuar las dudas técnicas y jurídicas de los
senadores.
El debate continuará hoy, a las 10, con la presencia de más de una docena de gobernadores provinciales.
La presencia de los mandatarios fue reclamada por la conducción del
FPV, por lo que sus opiniones serían fundamentales para terminar de
inclinar la balanza, en particular de los miembros del sector
dialoguista de la mayoría opositora del Senado.
En las más de cinco horas que se sometió al escrutinio de los
senadores, Prat-Gay se preocupó por rechazar la idea, sostenida por
varios miembros del FPV, de que el Gobierno estaba adquiriendo nueva
deuda. «No nos estamos endeudando, sino que estamos cambiando de
acreedor», afirmó el ministro.
En ese sentido, reiteró muchas de las definiciones que dejó en su paso ante las comisiones de la Cámara de Diputados.
Así, apeló a terminología futbolera para graficar la situación en la
que Argentina inició la negociación. «Arrancamos 5 a 0 abajo», dijo, en
referencia a las dos sentencias favorables a los fondos buitre y a la
decisión de la Corte norteamericana de no tomar el caso. Además, destacó
que el acuerdo sellado en los tribunales de Nueva York implica una
quita del 30% sobre el capital y del 56% sobre los intereses.
Además, justificó los US$ 12.500 millones reclamados por el Gobierno
aclarando que se trata de un límite, ya que mensuró el monto total de la
deuda que quedó afuera de los canjes en US$ 11.684 millones. De esa
cifra, aclaró que el monto correspondiente a los fallos del juez Thomas
Griesa es de US$ 7.500 millones.
«Los 12.500 es la estimación probable de lo que creemos que va a
terminar costando la cancelación de toda la deuda», agregó el secretario
de Finanzas, Luis Caputo.
Junto al equipo de Prat-Gay concurrió el procurador del Tesoro, Carlos Balbín,
cuya presencia había sido reclamada por el FPV para que informara sobre
la posibilidad de que el acuerdo abra nuevos frentes judiciales con los
bonistas que siguen sin arreglar y con los que ingresaron a los canjes
anteriores, en virtud del mejor rendimiento que obtendrían los fondos
con los que negoció la administración de Mauricio Macri. «La caída de la
cláusula Rufo y la derogación de la ley cerrojo no habilitaría al juez
Griesa a otorgar nuevas cautelares» contra el país, afirmó ante la
consulta de varios senadores del FPV.
Pichetto y unas horas después el chubutense Mario Pais (FPBV)
insistieron en reclamarle a Balbín que volcara en un dictamen escrito
su postura sobre la baja posibilidad de nuevos juicios.
Durante su exposición Prat-Gay protagonizó un duelo personal con el peronista José Mayans (FPV-Formosa), quien realizó una enfática defensa del «desendeudamiento» de las administraciones kirchneristas.
Prat-Gay le salió al cruce sin contemplaciones. «Si cuando arrancó el
Gobierno la deuda era de 150.000 millones de dólares y, como dicen, se
pagaron 150.000 millones y ahora tenemos una deuda de 225.000 millones,
indudablemente no fue tan perfecta la gestión del gobierno anterior»,
sentenció.
Sobre el final, Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) encendió luces de alarma en el tablero oficialista, pidiendo que se introdujeran dos modificaciones al proyecto.
Sería el peor escenario para el Gobierno, ya que obligaría a la
iniciativa a volver en segunda revisión a Diputados. El cronograma
tentativo de tratamiento en el Senado establece que el próximo martes el
proyecto obtendría dictamen. Su debate en el recinto está previsto para
el 30 del corriente.
