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El Gobierno nacional denunció a los jueces federales, funcionarios porteños, al CEO del Grupo Clarín y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.
Por instrucción del presidente Alberto Fernández -informó Presidencia-, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investiguen los hechos vinculados al vuelo 26.917, de la emprsa Flyzar, y particularmente lo relacionado a su financiamiento.
En el escrito presentado por la cartera de Justicia, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Marcelo D’alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ofrecimiento de dádivas, en los términos del artículo 259 del Código Penal, en tanto, Justicia denunció a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, ex director de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
La denuncia tiene origen en un viaje que realizaron los denunciados en la semana del 13 de octubre, y que, posteriormente, fue revelado por Página/12, y que cobró mayor relevancia a partir de la filtración de una supuesta conversación que habrían mantenido los implicados a través de la aplicación Telegram para -según se desprende de los presuntos chats- diseñar una estrategia común ante la noticia y evitar su difusión en medios de comunicación.
Tras la difusión de los mensajes -obtenidos de manera ilegal por medio de un hackeo-, el mandatario habló en cadena nacional.
«Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido», dijo, desde Casa Rosada, el Jefe de Estado, apoyado en lo vertido en esa supuesta conversación.
El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.
Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante, ya que “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación».
