PLAN AJUSTE.
El Gobierno planea reducir los cargos jerárquicos dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde algunos funcionarios perciben sueldos que oscilan entre los $14 millones y $32 millones mensuales. Estos recortes afectarían principalmente a las posiciones más altas, como las direcciones generales de Aduanas, Impositiva y Recursos de la Seguridad Social.
La Casa Rosada tiene en la mira a los subdirectores generales, quienes, según los últimos registros oficiales de agosto, tienen ingresos superiores a los $14,7 millones. Este monto incluye un salario básico de $1.567.064, al que se le suma un extra llamado «Cuenta de Jerarquización», que puede llegar a los $13.180.797. Este complemento salarial, que representa un porcentaje de la recaudación y se distribuye entre el personal, se fijó en 0,75% en 2001, pero fue reducido al 0,65% por la actual titular de la AFIP, Florencia Misrahi, mediante una resolución en junio.
La AFIP cuenta con un total de 21.313 empleados y nueve subdirecciones generales, entre las que se incluyen áreas como Auditoría Interna, Servicios al Contribuyente, Asuntos Jurídicos, y Recursos Humanos, entre otras. Misrahi recibe un salario superior a los $32,1 millones, mientras que los directores Eduardo Mallea (Aduanas), Gabriel Ramírez (Impositiva) y Santiago Mozetic (Recursos de la Seguridad Social) perciben más de $17,2 millones cada uno.
En la Dirección General Impositiva trabajan 15.097 empleados de planta permanente, mientras que Aduanas cuenta con 6.194. Los sueldos varían internamente, con remuneraciones que van desde los $3.3 millones hasta los $7.3 millones.
La iniciativa para reducir los cargos jerárquicos forma parte de una reforma estatal impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En el Gobierno, señalan que buscan reducir el número de altos funcionarios y modificar la estructura salarial de la AFIP. Además, se pretende disminuir la presión fiscal, desmintiendo rumores sobre una posible persecución relacionada con el blanqueo de capitales.
Paralelamente, el Gobierno también avanza con el cierre y la privatización de varias empresas públicas bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Entre las compañías que podrían ser cerradas figuran Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP).
El proceso de privatización está siendo liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas (ATEP), quien también trabaja en la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de Moneda.
Recientemente, el Ejecutivo anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que implicará el despido de 1.388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Asimismo, se formalizó la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
El presidente Milei, gracias a la Ley Bases, tiene la autoridad para eliminar competencias, modificar estructuras jurídicas y reasignar funciones de los organismos estatales, además de transferir estos entes a las provincias que lo soliciten.
