Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el
transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables
de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, según publicó
diario La Nación.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia
de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de
los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus
estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4
a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros
impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de
empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no
impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego
-divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un
casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que
debió girar al Tesoro nacional.
La separación, otro dolor de cabeza para el Estado. Según publica La Nación, consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa.
Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar.
El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió
demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo
como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se
negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante
la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y
que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque
reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos
problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a
utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».
Los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles
con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto
de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a
los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400
millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron
otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a
fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora
M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances
analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA
comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la
compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como
Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran
redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave.
Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las
naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una
oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner
durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA
NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su
hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de
los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex
presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado,
trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al
mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de
Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López.
Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la
Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA),
por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los
medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000
millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa.
El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la
colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes
de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por
último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les
permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray aclaró que el actual titular
de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y
sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López
tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles
durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el
mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron
cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las
intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de
las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell,
Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria
habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo
del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el
kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar
a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le
comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente. Según surge de los balances de
diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta
maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la
deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir
de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que
adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la
petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial
en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación
del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la
petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año
después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país-
subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9
millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió,
hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $
1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados
de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no
corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre
pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de
pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal
acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios
desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el
Grupo Indalo, coincidieron analistas. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio
neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al
«apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa
promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de
los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones.
Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013
valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $
1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores
antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de
2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses
después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el
recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la
Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del
gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación
contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como
un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la
revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141
[pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente
(impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que
pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo
para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300
millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones
que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más
otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a
«otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el
recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la
cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo
económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de
negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la
IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas
del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera
mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de
disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos
por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen
las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $
8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron
el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
