Por el momento, sin el proyecto sancionado, el Gobierno tendrá que volver a restringir la circulación por decreto.
El 10 de mayo el gobierno nacional envío al Congreso un proyecto de ley para regular las restricciones sanitarias durante la pandemia. Fue con la intención de darle un marco legal a las medidas implementadas para enfrentar la segunda ola de Covid-19.
En ese momento Alberto Fernández buscaba evitar la redacción de un nuevo DNU. No lo logró. Juntos por el Cambio anunció su rechazo absoluto a lo que consideraron una ley para darle superpoderes al Poder Ejecutivo y los espacios más pequeños de la oposición no se comprometieron a respaldar el documento.
El proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado, facultad al Gobierno a poder aplicar restricciones en distritos que se encuentren en la categoría alarma epidemiológica. Es decir, poder intervenir con medidas concretas si la situación sanitaria se desmadra, como podría pasar en cualquiera de las ciudades que están en esa categoría.
El proyecto de ley establece un semáforo epidemiológico que se divide en cuatro categorías. Departamentos de Bajo Riesgo, Medio Riesgo, Alto Riesgo y Alerta Epidemiológica. Los que están en la última categoría serán los que tengan mayor cantidad de restricciones.
Las ciudades que están incluidas dentro de la categoría Alerta Epidemiológica son consideras por el Gobierno como aquellas en donde el sistema de salud corre riesgo de colapso. Si las gestiones provinciales no toman medidas restrictivas para evitar que baje la circulación de casos de Covid-19 y, en consecuencia, que se reduzca la presión sobre el sistema sanitario, el Poder Ejecutivo estará facultado a tomar medidas.
Diez días después de enviar ese proyecto el Presidente, en consenso con todos los gobernadores, decidió dar un golpe de efecto en el medio de la gestión sanitaria y construir una Fase 1 para restringir la circulación durante nueve días. Ese decreto vencerá el 11 de junio.
Esta semana el Gobierno está pasando por una circunstancia similar. Sin sesión a la vista durante los próximos días, el oficialismo apunta a los primeros días de la semana entrante para poder sacar la ley. Los más entusiastas dentro del Frente de Todos aseguran que podrían lograr dictamen entre lunes y martes, y votar la ley el miércoles.
Ese potencial escenario tiene dos complicaciones por delante. La primera es la más importante: los votos. Al día de hoy el Frente de Todos no tienen los votos necesarios para aprobar la ley. Necesita 129 para lograr una mayoría simple. El oficialismo tiene 118. Los 11 restantes no están en su totalidad. Tratando de afinar el lápiz, en Diputados cuentan 124, con el apoyo de un interbloque suele acompañar al Gobierno en las votaciones.
La segunda complicación tiene que ver con el tiempo. Para que el Gobierno evite sacar un nuevo DNU la ley debería aprobarse y reglamentarse antes del viernes 11 de junio. Con un extenso debate por delante, de lograrse la aprobación, sería en la madrugada del jueves. Así lo calculan en el Frente de Todos. En 24 horas la ley debería estar corregida, ajustada y reglamentada. El margen de acción es mínimo.
Ese camino es la opción posible en el caso de que el oficialismo decida mantener el proyecto con las modificaciones que se le realizaron en el Senado y que tiene entre las más destacadas la incorporación de un plazo legal para la finalización de la delegación de poderes al Ejecutivo: 31 de diciembre. Si accede a realizar nuevas correcciones, el proyecto deberá volver a Diputados para su aprobación final.
“El número no está tan claro. Es difícil sacar la ley la próxima semana”, confesaron cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En la comunidad parlamentaria saben que si la ley se trata en el recinto es porque el líder del Frente Renovador tiene los votos asegurados para sacarla. Hasta este miércoles el poroteo no da resultados positivos.
Una de las estrategias que se baraja en el oficialismo es juntar un puñado de leyes y tratarlos en la misma sesión con el fin de obtener el quórum para discutir el proyecto de las restricciones. En ese pool se encuentran la ley de Zonas Frías, que impulsa Máximo Kirchner y la de Etiquetado Frontal. Dos proyectos que encuentran apoyo en sectores de la oposición.
Juntos por el Cambio ya dejó en claro que no acompañará el proyecto de ley para regular las restricciones. No es una opción viable. Entienden que viola la autonomía de las provincias y advierte que, tarde o temprano, se generará un conflicto que terminará judicializado.
Frente a la imposibilidad de contar con los votos del mayor espacio opositor, el Gobierno busca sus aliados en los interbloques que conducen Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. El primero tiene 11 legisladores y el segundo 6. El espacio legislativo que conduce Ramón apoyaría la ley y de ahí salen las 124 voluntades que cuentan puertas adentro del Congreso, mientras que la mayoría de los que están en el interbloque de Bucca no acompañarían.
En el Frente de Todos saben que para aprobar la ley necesitan cerrar el apoyo de 5 legisladores. Descuentan que el espacio de Ramón respaldará el proyecto. Pero esos cinco no aparecen con claridad y, hasta el momento, la ley no sale. En los días que siguen seguirán las negociaciones de la rosca parlamentaria para intentar conseguir el número mágico para dar quórum y sacar la ley.
En ese camino apuntan a “Bali” Bucca como un potencial socio, pero el ex intendente de Bolívar no acompañará la ley tal como está. Entiende que el mejor camino sería un consenso más amplio entre todos los sectores. De todas formas, es más proclive a negociar cambios que puedan generar un apoyo más heterogéneo.
Con ese escenario por delante, Alberto Fernández tendrá que enfrentar la semana que viene una nueva seguidilla de reuniones para redactar el decreto que le de continuidad a las medidas. Eso implica la reunión con los expertos médicos que asesoran a la Casa Rosada, el acuerdo con los gobiernos bonaerense y porteño para la aplicación de restricciones en el AMBA y la discusión con los gobernadores.
La idea que más peso toma dentro del Gobierno es la de implementar restricciones intermitentes. En lo concreto, mantener de lunes a viernes una modalidad similar a la que está vigente y cierres más duros el sábado y el domingo. En paralelo, ir avanzando con el operativo de vacunación.
En el oficialismo ven difícil la posibilidad de lograr el consenso necesario para sacar la ley en los próximos días. Sino lo encuentran en los escalones del Congreso, lo tendrán que buscar en los gobiernos provinciales. Porque la idea del Gobierno es plantear un camino más previsible para atravesar el invierno y esa resolución necesita de un acuerdo político que incluya a todos los colores políticos.
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Con información de Infobae
