La Policía Federal brasileña busca dar con los ciudadanos condenados o investigados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes, ocurrida en enero de 2023. Se cree que los sospechosos no pasaron los controles migratorios.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pedirá la extradición de 65 brasileños que escaparon a la Argentina luego de participar del intento de golpe de Estado en las sedes de los Tres Poderes de ese país. La solicitud se dará en el marco del megaoperativo que lanzó la Policía Federal de Brasil para capturar a 208 personas condenadas o investigadas por los incidentes que tuvieron lugar el 8 de enero de 2023.
“Algunos de estos fugitivos, alrededor de 65, fueron localizados por las autoridades argentinas. Ninguno de ellos pasó por los controles migratorios”, escribió el portal G1. Según las investigaciones, los prófugos habrían ingresado caminando, escondidos en baúles de autos que cruzaron por distintos pasos fronterizos o atravesando el río Paraná en una embarcación.
Las órdenes fueron emitidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de las investigaciones sobre los actos golpistas, al entender que los sospechosos “incumplieron las medidas cautelares judiciales”.
Entre otras acciones identificadas, se reportó la no comparecencia ante el tribunal, el retiro de tobilleras electrónicas y el cambio de domicilio sin comunicación previa o posterior a las autoridades. En esa línea, surgió la información de que algunos de los fugitivos habrían solicitado refugio al Gobierno de Javier Milei, cercano al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.
El pasado jueves 30 de mayo, Eduardo Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado, participó de un acto organizado por La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación para pedir asilo político a brasileños acusados intentar un golpe contra Lula, denunciando “censura” y “persecución” por parte de la Administración actual en el país vecino.
«Brasil está viviendo una dictadura. Esta guerra ya la ganamos; somos los verdaderos defensores de la libertad», aseguró el legislador brasileño en el evento que compartió con otros colegas y la abogada Gabriela Ritter, de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV). El encuentro estuvo coordinado por la diputada libertaria María Celeste Ponce.
“La nueva derecha de Brasil y de Argentina está aquí reunida para repudiar enérgicamente la persecución política que sufren los ciudadanos brasileños, pero también para recordarle a la izquierda que estamos dispuestos a defender los valores occidentales y a ser el faro de Occidente en el mundo”, dijo Ponce en esa ocasión.
La detención de fugitivos en Brasil
La Policía Federal de Brasil anunció este jueves la captura de unos 50 fugitivos ligados a la toma de las sedes de los Tres Poderes en 2023 por seguidores de Bolsonaro. En ese marco, anunciaron el lanzamiento de una operación de gran escala en varios estados para «capturar a investigados y condenados vinculados a los hechos violentos», ocurridos una semana después de la asunción de Lula.
Aquel 8 de enero del año pasado, miles de personas invadieron el palacio Presidencial, y las sedes del Congreso y la Corte Suprema, con el fin de reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al actual mandatario por un supuesto fraude en las elecciones.
Jair Bolsonaro perdió por un margen estrecho los comicios presidenciales de octubre de 2022 frente a Lula, y compareció en 2023 ante la Policía Federal por sospechas de haber instigado a los levantamientos en Brasilia, capital del país.
Como parte de la operación «Lesa Patria», las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de presuntos vándalos, incitadores, y personas que habrían financiado los asaltos a los edificios públicos. Algunos ya recibieron condenas por delitos como el de «golpe de Estado», con penas de hasta 17 años de cárcel.
«Más de dos centenares de ellos deliberadamente incumplieron medidas cautelares judiciales o incluso huyeron para otros países para evitar la aplicación de la ley penal», dijo la Policía en un comunicado. Recientemente, 49 personas fueron detenidas en 18 estados y el Distrito Federal, mientras las autoridades siguen la pista de otros 159 individuos «condenados o investigados» que son considerados como prófugos.
