YPF
El Estado argentino planteó ante la Justicia de Estados Unidos que está dispuesto a pagar USD 4.920 millones adicionales por la expropiación de YPF realizada durante el tercer gobierno kirchnerista, en 2012.
La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York.
Esta semana se sabrá cuánto tendrá que pagar finalmente la Argentina por la expropiación de YPF dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato. Para determinar el monto, la jueza Loretta Preska analizará los escritos que presenten las partes. La indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización. Se estima que el monto puede variar entre 4.920 (el monto que está dispuesto a pagar el Estado) y 16.000 millones de dólares (el máximo que exigen los demandantes).
Burford y Eton Park señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
Mientras que el Estado argentino sostiene que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.
En marzo de este año la jueza Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a la empresa petrolera, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.
Argentina acumula una serie de fallos en contra desde que comenzó la demanda: un total de 6 reveses entre 2016 y 2023. Incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en 2019, que rechazó analizar el caso y apoyó lo realizado por Preska. El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández.
Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo, señalaron las fuentes a Agencia Télam.
El escrito dado a conocer este martes consta de una presentación con citas, testimonios y gráficos de 143 fojas que fue elaborada por el estudio Sullivan & Cromwell, patrocinante de la Argentina en los tribunales de EEUU en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.
En las conclusiones, el Estado argentino plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”.
“Los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina”, se argumentó en el escrito.
Los representantes de Argentina remarcaron que “los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo”. En la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”.
Por su accionar, a Burford Capital la han comparado con un “fondo buitre”. Compró el derecho a litigar contra YPF y el Estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que entonces argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario cuando fue la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa. Ahora Burford espera cobrar unos USD 7.500 millones, según estimó en un comunicado en abril.
