La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, encabezará la delegación que viajará a la sede en Hamburgo, Alemania. Las audiencias están previstas los días 10 y 11 de noviembre. Los tres escenarios posibles.
El gobierno argentino se prepara para defender ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo por la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas en las audiencias previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre. Según informó la Oficina del Presidente, la comitiva nacional que viajará a la sede en Hamburgo, Alemania, será encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.
El procedimiento se enmarca en la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion, que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration planean desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte, con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028. No se discute sobre la soberanía de las islas, el reclamo puntual radica en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Además de Ibarzabal Murphy, la representación también estará a cargo del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente. Esta última designación responde a una lógica geográfica e institucional: Berlín, desde donde coordina el vínculo bilateral, se encuentra a menos de 300 kilómetros de Hamburgo, sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Las cuatro medidas que pide Argentina
Los pedidos centrales ante el TIDM son cuatro: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia. La razón fundamental es que la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona en disputa produciría un daño irreparable e irreversible a los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.
Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas (hora de Hamburgo). La representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. El miércoles 11, Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.
Argentina cuenta con una representante propia entre los 21 magistrados del tribunal: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado.
El Reino Unido, en tanto, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, participará de las deliberaciones junto a los 21 jueces permanentes.
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