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El cuidado de los adultos mayores se convirtió en un problema cada vez más frecuente para miles de familias argentinas. Para conseguir que una obra social o prepaga cubra a un cuidador domiciliario, muchas veces es necesario demostrar que la persona tiene una enfermedad o discapacidad e incluso recurrir a la Justicia.
Actualmente, las familias deben presentar certificados médicos, historias clínicas y, en muchos casos, tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para justificar la necesidad de asistencia. Cuando las empresas rechazan la cobertura, el reclamo puede terminar mediante un amparo judicial.
Uno de los argumentos que suelen plantear obras sociales y prepagas es la existencia de un “grupo familiar continente”, es decir, familiares que podrían hacerse cargo del cuidado. Esto genera situaciones en las que hijos, hermanos u otros familiares terminan asumiendo gran parte de la responsabilidad.
La situación afecta especialmente a las mujeres. Según datos citados por Infobae de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, el 31,4% de las mujeres realiza tareas de cuidado en el hogar, frente al 20,3% de los varones. Entre quienes cuidan, ellas destinan en promedio más de seis horas diarias a esta tarea.
El problema podría profundizarse en los próximos años: la población argentina de 60 años o más pasaría de 7,1 millones de personas en 2020 a alrededor de 12,5 millones en 2050.
Especialistas advierten sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema integral de cuidados, donde Estado, obras sociales, empresas, sindicatos y familias compartan responsabilidades y permitan que los adultos mayores reciban asistencia sin tener que judicializar cada caso.
