Un cambio que vuelve a poner en el centro la discusión sobre seguridad, justicia y el rol del Estado frente al delito juvenil.
El Gobierno promulgó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado penalmente por un delito. La medida fue aprobada en el Congreso y forma parte de una política orientada a reforzar la respuesta del sistema judicial frente a delitos cometidos por adolescentes.
La nueva normativa establece que jóvenes de 14 y 15 años podrán enfrentar procesos judiciales con un sistema penal específico para menores y diferentes tipos de sanciones según la gravedad del delito.
La iniciativa generó un fuerte debate en el país: mientras el oficialismo sostiene que busca terminar con la impunidad y responder a hechos de inseguridad, distintos sectores políticos y organizaciones advierten sobre los riesgos de criminalizar más temprano a los adolescentes y reclaman políticas sociales y educativas para prevenir el delito.
