Sáenz pide avanzar con este tema de manera urgente.
El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó con firmeza la sanción de una “ley de derribo” para aeronaves que ingresen ilegalmente al país y la radarización del límite norte argentino, en respuesta al reciente hallazgo de una avioneta que transportaba drogas.
Detalles del episodio
La aeronave de matrícula boliviana se estrelló en el paraje San Felipe, en la localidad de Rosario de la Frontera, al sur de Salta. Las autoridades encontraron aproximadamente 130 kilogramos de cocaína entre los restos de la nave y un vehículo incendiado en la zona.
Además, durante el rastrillaje se descubrió que el grupo involucrado había enterrado unos 228 kilogramos más de cocaína, distribuidos en ladrillos con la marca “Prada”. Un detenido, de Santiago del Estero, confesó que tuvo una hora para cavar el pozo y ocultar la droga.
El pedido de Sáenz
Sáenz reafirmó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter):
“Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida.”
El mandatario destacó que, si bien “todas las fuerzas federales están custodiando y cuidando nuestras fronteras”, la situación “no alcanza” debido a los más de 700 kilómetros de frontera en su provincia.
Implicancias y contexto
La solicitud de una ley de derribo implica facultar al Estado argentino para abatir aeronaves que violen el espacio aéreo con fines ilícitos, lo que abre un debate sobre derechos, riesgos y operativo estatal en frontera.
La radarización del norte argentino supone instalar y operar sistemas de vigilancia aérea más avanzados, lo que implica inversión, coordinación federal y logística.
El episodio refleja cómo las redes de narcotráfico aprovechan rutas transfronterizas aéreas en zonas con baja vigilancia o difícil acceso, incrementando la vulnerabilidad de la región.
¿Qué viene ahora?
El reclamo del gobernador será presentado ante legisladores nacionales para su discusión en el Congreso. Será clave observar:
Si se impulsa un proyecto de ley para autorizar el derribo de aeronaves ilegales.
Qué partidas presupuestarias se asignan para radarización y tecnología de vigilancia en frontera.
Cómo se articula la colaboración entre fuerzas provinciales y federales para prevenir vuelos ilícitos.
Este caso podría marcar un punto de inflexión en la política de control de fronteras en Argentina, poniendo en la agenda nacional la necesidad de mayor infraestructura y marco legal para hacer frente al narcotráfico.
