¿Es ilícito que un jefe de Estado promueva un activo financiero volátil, tan solo por el hecho de difundirlo en público?
Ayer y hoy, un aluvión de comentarios y conjeturas sacudió las redes sociales argentinas a raíz de un tuit del presidente Javier Milei en el que el mandatario habría promocionado un proyecto vinculado con criptomonedas. La publicación, de pocas líneas, disparó una polémica mayúscula: ¿es ilícito que un jefe de Estado promueva un activo financiero volátil, tan solo por el hecho de difundirlo en público? Algunos usuarios de las redes, y no pocos analistas, aseguraron que sí, llegando incluso a catalogar la conducta de fraudulenta. Pero, como señalé en la red social X, estas acusaciones podrían estar saltando conclusiones legales con demasiada ligereza.
La controversia se originó cuando Milei, reconocido por sostener posturas liberales y por su interés en la desregulación económica, aludió a una iniciativa cripto. De inmediato, surgieron calificativos y acusaciones que lo tildaban de incurrir en un posible fraude, arguyendo que la volatilidad típica de los criptoactivos indicaría, casi como un silogismo, la existencia de un delito.
En Argentina, promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito, salvo que se demuestre un engaño deliberado que oculte la verdadera naturaleza del producto ofrecido.
La legislación argentina reconoce la libertad de emprender sin necesidad de autorización previa, siempre y cuando no se infrinjan normas de orden público ni se perjudique de forma ilegítima el interés colectivo. En efecto, el simple hecho de sugerir o difundir la existencia de un activo de riesgo no acarrea por sí solo responsabilidad penal. Debe, en cambio, verificarse si el promotor actuó de mala fe, con ánimo de engañar o manipular la decisión de los posibles inversores.
