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SAD o no SAD. Esa es la cuestión que agita y divide las aguas entre el gobierno nacional y la AFA, al que el propio Javier Milei denominó en estas horas “la casta del fútbol argentino”. Tras la negativa de la Casa Madre de abrir oficialmente las puertas a las sociedades anónimas deportivas (SAD), tal como prevé el DNU impulsado por el presidente de la Nación en diciembre de 2023, y en medio del bombardeo del líder libertario contra el titular de la calle Viamonte, Claudio “Chiqui” Tapia, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció el martes una serie de desregulaciones y flexibilizaciones de trámites que habilita a las asociaciones civiles sin fines de lucro (el actual status de los clubes) a transformarse en sociedades anónimas deportivas, ad referéndum de la voluntad de sus socios.
En la teoría, es un mecanismo que favorecerá el ingreso de divisas y permitirá desarrollar una liga más competitiva, con mejores estadios y obras de infraestructura y mayores dividendos para las instituciones en concepto de marketing y derechos de TV. En la práctica: una nueva embestida contra Tapia, apenas 48 horas después de levantar su segunda Copa América al lado de Lionel Messi.
Milei es un férreo defensor de las sociedades anónimas deportivas y fue él mismo quien introdujo el debate sobre las SAD en la agenda política y deportiva del país. “Dolarización y fútbol: la tierra prometida”. Así se titulaba la columna del empresario Guillermo Tofoni que despertó el interés de Milei por alentar y promover el desembarco de las SAD en el fútbol de los campeones del mundo. CEO de World Eleven y FIFA Match Agent, una empresa dedicada a la organización de partidos internacionales, es el principal asesor de Milei en su cruzada contra “el pobrismo socialista en el fútbol”. Tofoni está en guerra con la AFA desde principios de 2023, cuando acusó a Claudio Tapia de desconocer un contrato firmado con su empresa y le inició una causa en el fuero penal por “desbaratamiento de derechos y lavado de dinero”.
Continuando con el plan privatista, la diputada libertaria Juliana Santillán envió un proyecto a la Cámara baja nacional para permitir el ingreso de capitales privados en el fútbol, una iniciativa que contó además con el respaldo del ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el subsecretario de Deporte y exintendente de La Plata, Julio Garro.
“Las SAD están vigentes a través del decreto 70. Lo que va a ocurrir es la reglamentación, que pone en vigencia el corrimiento de los plazos. Esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, es un momento histórico para el ingreso de aportes privados y de divisas para la Argentina a través del fútbol, como sucede en todo el mundo. No estamos inventando la pólvora, estamos adaptando el fútbol argentino a una situación que lo puede sacar de la crisis y de los procesos de quiebra”, aseguró días atrás Santillán.
Claudio Tapia regresó de Miami con sensaciones encontradas. El viernes previo a la final de la Copa América, Milei había publicado un tuit desafiante contra las autoridades de la AFA. “Pregunta técnica: si la AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de esas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol”, escribió junto a una imagen de los jugadores de la Selección Argentina y el escudo de los conjuntos europeos donde militan. Si bien casi todos esos futbolistas fueron formados en asociaciones civiles de distintos barrios y ciudades del país (salvo Messi y “Dibu” Martínez, que emigraron de jóvenes a Europa), 9 de los 11 titulares ante Colombia actúan en equipos manejados por capitales privados. Cuatro días después del posteo, llegó la resolución de la IGJ que cayó como una bomba en las oficinas de la AFA.
En el artículo 9 de su Estatuto, la AFA prohíbe la afiliación al organismo de las sociedades anónimas deportivas. “Los clubes a incorporarse en carácter de invitados por la AFA deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro”, expresa en su punto 4.
A fines de enero, la posibilidad de transformar las asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas quedó frenada luego de que la Justicia aplicara una medida cautelar sobre dos artículos del DNU anunciado por Milei en sus primeras semanas de gestión.
Fue a raíz de un pedido de “inconstitucionalidad” presentado por la Liga de Fútbol de Salto, entidad regional afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino. Un juzgado federal de Mercedes ordenó al Estado Nacional la suspensión de los artículos 335º y 345º del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2030 “hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva”. El artículo 335º prohibía impedir, dificultar, privar o menoscabar “cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión”, en tanto el 345º instaba a las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas (la AFA, por caso) a modificar sus estatutos en el plazo de 365 días a efectos de adecuarse a los términos previstos por el DNU. Los camaristas alegaron que ambos artículos “alteran el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”.
El Estado apeló el fallo, la Cámara Federal de San Martín confirmó la resolución de primera instancia y, luego de un nuevo recurso de apelación, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, informaron fuentes oficiales, solo los clubes de Mercedes no podrán acogerse a la nueva figura.
Previo al balotaje presidencial de 2023, en una clara maniobra de apoyo a la candidatura de Sergio Massa, Tapia “sugirió” a los clubes -desde River y Boca hasta los más pequeños del Ascenso y el interior- expresarse públicamente en contra del advenimiento de las SAD a través de las redes sociales oficiales. Horas después del DNU de Milei, el Millonario y Rosario Central posaron con una bandera con la leyenda “el fútbol no tiene necesidad ni urgencia” en el partido válido por el Trofeo de Campeones. “Tenemos una medida judicial firme que suspende los artículos del DNU que incumben a la AFA. Lo que salió es una reforma de la resolución general 7/2015 de la IGJ, no cambia en nada nuestra posición”, aclararon con firmeza desde el cuerpo de abogados de la AFA. Y sostuvieron: “Sabemos que vienen por Chiqui, que no lo quieren, pero no pasarán”.
Cerca de Tapia confían en que la propia FIFA podría tomar cartas en el asunto en caso de que la AFA denuncie formalmente la “intromisión del poder político” en asuntos ligados al fútbol. Aunque claro: en ese sentido, una hipotética sanción recaería directamente sobre la selección, y nadie en su sano juicio imaginaría hoy en día a la Argentina excluida, por caso, de la próxima cita mundialista.
Al mismo tiempo, en Balcarce 50 creen que contarán con el apoyo del máximo dirigente de la FIFA como estocada final de la cruzada pro SAD. Mauricio Macri, precursor de las SAD en la Argentina y aliado político de Javier Milei, es presidente ejecutivo de la Fundación FIFA y mantiene una excelente relación con Infantino, que a su vez mantuvo en encuentro con Milei en mayo de este año y hasta le obsequió una camiseta de arquero con el logo de la FIFA. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, Milei y el dirigente suizo “dialogaron sobre algunos modelos de negocio y acerca del esquema de financiación que hoy tienen los clubes de fútbol en la República Argentina”. Clarito.
El gobierno entiende que, mediante la apertura del fútbol a capitales extranjeros, podrían ingresar al país entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. ¿A dónde iría el dinero en caso de que un empresario adquiera un club en la Argentina? “A partir de que ese monto no se divide en partes iguales entre los socios es que podemos concluir en que ningún club es patrimonio de sus socios”, insisten desde la Rosada.
En principio, cada inversor deberá presentar un “masterplan” en el que indicará cuál es su proyecto para la institución y qué porcentaje de dinero destinará a cada área. En caso de ser aprobado, esa inversión se volcará directamente a obras y mejoras para la institución, sin transacción de por medio. Aunque el Gobierno le escape al término “regulación” y prefiera hablar de “reglamentación”, lo cierto es que el Estado podría obligar a los inversores a invertir determinado porcentaje de su capital en áreas como la salud, la educación (siempre en el ámbito de los clubes) y en las Divisiones Inferiores, para fomentar la industria de la venta de jugadores.
Según pudo averiguar LA NACION, durante el martes no hubo comunicación directa entre la AFA y los presidentes de los clubes, aunque sí se encontrarán este jueves en la reunión de Comité Ejecutivo, y allí se definirán seguramente los pasos a seguir. Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia son algunos de los clubes que se muestran más propensos al debate, aunque la enorme mayoría respalda la posición de Tapia. Una disputa de dinero y poder atravesada por la pelota.
