Si las elecciones fueran hoy, solamente un 43% de la gente volvería a votar a Javier Milei. Un 10% lo dudaría y un 3% ya no lo elegiría. Así de volátil es la opinión pública. Los efectos de las primeras medidas que tomó todavía no impactan del todo en el bolsillo. Los aumentos más grandes van a llegar entre febrero y marzo.
Milei enfrenta dos batallas en simultáneo: el Congreso y la sensación térmica de la calle. La primera encuesta enciende las alarmas para el proyecto libertario.
Los números surgen de un estudio de la consultora Opinaia, una de las que mejor pronosticó el resultado de las elecciones 2023. Otro dato a tener en cuenta: la imagen positiva de su gobierno (no la de Milei) está en 35%, 5 puntos por debajo de la de Alberto Fernández en enero de 2019.
Por eso es importante tomar las medidas rápido, cuando todavía tiene popularidad alta y la “casta” no puede decir que no. Es cierto que mucha gente ahora duda. Pero todavía hay un 51% que se muestra esperanzado de que pueda estabilizar la economía y su imagen positiva está en el 58%.
La encuesta también pregunta sobre las primeras medidas del Gobierno. El 44% está de acuerdo con las medidas de Caputo, 47% con la Ley Ómnibus y 48% con el contenido del DNU (aunque solo el 21% apoya que sea por decreto).
El Gobierno tiene unos días más de viento a favor…
Quizás por eso, oficialismo y oposición encontraron un camino común para poder empezar a transitar sus diferencias en el tratamiento de la Ley Ómnibus (“ley bases”, como dicen las fuerzas del cielo).
El kirchnerismo/peronismo plantado como oposición cruda, pero transitando el debate pacíficamente más allá de alguna chicana. El resto de la oposición encontró el lugar para oponerse, pero abriendo una rendija para negociar. Milei dijo que no va a negociar nada, pero va a aceptar “mejoras”. Eufemismos.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio -clave para la aprobación de la ley- ya dijeron que están de acuerdo con casi todo, siempre y cuando no perjudique a sus provincias. Habrá que ver la letra chica de eso.
El Gobierno ya dio de baja esta semana la idea de que no se puedan reunir más de tres personas en un espacio público, aceptó cambios en los artículos que afectan a los biocombustibles y a la ley de pesca. También dijeron que ven inviable la reforma política y que podrían evitar la toga en el juicio por jurados para que salga el resto de la ley.
Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los asesores de más confianza de Milei (y redactor de la ley), aceptó que la delegación de facultades pueda ser solamente por un año. “Nos proponen que sea más corto y podría ser más corto”, dijo en la Comisión.
“Le dimos facultades a todos los gobiernos, no sería correcto no dárselo a él”, planteó una diputada muy opositora, integrante del ex bloque de Juntos por el Cambio. Solamente hay dos condiciones: el tiempo tiene que ser más limitado y las decisiones que se tomen con esas facultades no pueden ser “permanentes”; si el presidente quiere hacer cambios estructurales va a tener que mandar proyectos al Congreso.
No todos en la oposición no peronista están de acuerdo con esto. La Coalición Cívica de Elisa Carrió promete que la delegación de facultades no lo va a votar. Pero deja abierta la puerta para aprobar otras cosas. Algo similar hizo Pichetto, que preside el bloque de 23 con intereses bien diversos. «Nosotros tenemos una actitud proactiva, pero tenemos estas condiciones”, planteó en una entrevista.
Así, el Gobierno encontraría ese atajo para sacar su ley: conseguir una mayoría mínima para aprobar la “ley bases” en general, y conseguir apoyos particulares en temas puntuales para sacar casi todo.
Con esa estrategia, volaría de la redacción del proyecto todo lo anecdótico y se quedarían con lo importante. No más togas, ni reforma electoral, se corrigen los artículos mal escritos, chau a la reventa de entradas deportivas y otros delirios cósmicos.
Quedaría ver qué pasa con la reforma jubilatoria y la privatización de empresas públicas. En este esquema no podría haber cheque en blanco para nada de nada.
El pre-acuerdo todavía es absolutamente frágil. Tan frágil que la oposición incluso desconfía de los interlocutores con los que negocia. Pero por lo menos aparece un primer carril de diálogo.
“Si nosotros íbamos ley por ley, y no metíamos la primera, después se nos iba a complicar e íbamos a tener que negociar todo. Eso es lo que se buscaba evitar”, explican desde La Libertad Avanza. “Al plantearlo como paquete, aún con errores, estamos cumpliendo con nuestra base de votantes porque es lo que prometimos en campaña”, dice el dirigente, de acceso cotidiano al despacho presidencial.
La estrategia se fue construyendo erráticamente. “Así como lo armamos, la oposición nos puede decir uno o dos artículos que están mal y nosotros podemos decir dos o tres artículos que están bien y llegar a la aprobación. Y si lo rechazan de plano, la culpa no va a ser de Javier que mandó la reforma del Estado sino de la política, la casta, el Congreso, de los tiempos, bla bla bla. En este contexto, la estrategia de mandar todo junto estuvo bien”, defiende el dirigente. Habría una consonancia entre el relato, la real politik y los tiempos de la gestión.
El politólogo Pablo Salinas analizó lo que se necesita en esta instancia para tener dictamen de comisión. Son tres comisiones que en total tienen 115 firmas (en algunos casos algún legislador tiene más de una firma porque integra varias comisiones).
- 46 Unión por la Patria
- 20 La Libertad Avanza y aliados
- 17 PRO
- 16 UCR
- 9 Hacemos Coalición Federal (el de Pichetto)
- 6 partidos provinciales
- 1 izquierda
Para tener dictamen de mayoría se necesitan 58 firmas. LLA y el PRO suman 37.
Según el análisis hecho por A24.com, hay 15 firmas de diputados no oficialistas que responden a gobernadores provinciales. No están tan lejos. Igual hay que seguir negociando (o aceptando sugerencias, como dice Milei) y la palabra final va a estar en el recinto.
Mientras tanto, la realidad
Mientras avanzan con los debates legislativos, la realidad golpea desde otro lugar. 25% de inflación de diciembre y un pronóstico para enero de otro 25%, según el promedio de consultoras que releva para el Banco Central. Para todo 2024 plantean un índice de 213%, por encima de la de 2023.
Esos cálculos son ciencia ficción. Hablan de 18,5% en febrero, 14,2% en marzo, 12,4% en abril… y 7,2% en junio. Ni el Gobierno es tan optimista.
Hay que ver si la inflación no se espiraliza cuando empiecen a correr los aumentos de tarifas, que conlleve otro aumento de precios, que derive en otra devaluación, que a su vez se vaya a precios y tarifas, etc. El Gobierno dice que va a controlar todo con el apretón monetario. Es una teoría.
Es probable que haya otra variable para controlar la suba de precios: que los sueldos congelados tiren todo para abajo. Ya se vio en diciembre: lo que más aumentó fueron los productos y servicios de primera necesidad.
El Gobierno insiste en que tiene que suspender la fórmula de movilidad jubilatoria porque, así como está, se perjudica a los trabajadores. “Esa fórmula fracasó”, repiten una y otra vez.
Vamos a pensar que el Ejecutivo tiene buena voluntad para con los jubilados. La actual fórmula jubilatoria da aumentos en función de dos criterios: el índice de aumento de sueldos de los trabajadores formales y la recaudación de la Anses (que está indisolublemente ligada con los salarios formales).
Al repetir que los jubilados van a perder, el Gobierno reconoce que este año los sueldos se van a pulverizar.
Otros indicios:
- La secretaría de Trabajo pateó para fin de mes la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
- No convocó a la paritaria de personal de casas particulares, que debía convocar en conjunto con la del salario mínimo.
- No está previsto que aumenten a los trabajadores del Estado y ya les recortaron las horas extra.
Recién a fin de febrero vamos a saber oficialmente cuánto perdieron los salarios contra la inflación.
Un informe de la consultora Ecolatina empieza a dar algunas pistas sobre la situación y pronostica “perdidas del orden del 10% en términos reales” sobre el salario. Según este informe el Gobierno no puede permitir que los salarios sigan a los precios porque se indexaría la inflación y Milei perdería credibilidad. Pero la alternativa es cruel: “La inflación desacelerará como resultado de una demanda agregada débil, que será la consecuencia, principalmente, de un desplome del poder adquisitivo”. Esto profundizará la crisis y la conflictividad social.
A todo esto se suma una situación social muy precaria en distintos puntos del país
- En Formosa echaron trabajadores de la salud y crece la protesta social.
- En la Rioja hubo una manifestación de policías frente a la casa de Gobierno
- En Misiones hay protestas en distintos municipios
- En Chaco tuvieron que decidir entre comprar ibuprofeno para el dengue o pagar los sueldos
- En San Luis están pagando salarios estatales en cuotas.
Son algunos ejemplos.
El Estado que Milei quiere destruir está paralizado. Faltan nombramientos en todas las áreas. En la mayoría de los ministerios solo se nombraron secretarios y algunos subsecretarios. Ni directores ni directores generales. Los empleados no saben a quién reportan. En muchos casos, hay trabajadores que tienen contrato hasta marzo. El pánico es total porque los tienen parados sin cumplir funciones. Una profecía autocumplida.
Milei se va esta semana a su primer viaje internacional. Se va en un vuelo de línea que le va a insumir casi un día de ida y uno de vuelta. Dijo que recibió 70 pedidos de audiencia de gente que quiere invertir en la Argentina pero que no tiene tiempo para quedarse. Habrá que hacer las cuentas del costo beneficio de esa exhibición de austeridad presidencial./A24
