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Jefatura de Gabinete rechazó enviar más fondos a la Corte Suprema para otorgar un aumento salarial del 6,5% a los trabajadores judiciales y le indicó que utilice los recursos ya asignados o fondos propios.
La Jefatura de Gabinete le respondió a la Corte Suprema que utilice sus propias fuentes de financiamiento para otorgar un aumento del 6,5 por ciento a todos los trabajadores judiciales y le recordó que debe restringir la emisión monetaria para cuidar el valor de la moneda.
El pasado miércoles, a través de una nota, el máximo tribunal había realizado un «pedido de modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 01 de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación», según indicó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la respuesta que se dio a conocer este jueves.
El ministro coordinador, que también es candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, le recordó a la Corte que los fondos de su presupuesto están «conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder». Y señaló que «la buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente».
En lo que se interpretó como un tiro por elevación para el titular de la Corte, Horacio Rosatti, por aquellas declaraciones en las que cuestionó la «incontrolada» emisión monetaria y recordó que «la Constitución manda a defender el valor de la moneda», Rossi escribió: «Es importante recordar que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles».
En esa línea, Rossi apuntó que el Poder Judicial «cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de 426.095 millones de pesos, mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de 370.708 millones, dando como resultado un superávit de 55.387 millones».
«Por otro lado, se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de 24.000 millones aproximadamente. Además, la Corte Suprema cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por 187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos», agregó.
La decisión oficial se conoció horas después de que la Corte cesara en sus funciones a la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, después de que se negara a dejar su cargo pese a haber cumplido los 75 años que la Constitución marca como límite para ejercer, «salvo que obtenga un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado». La magistrada intervino en causas judiciales que involucran a Cristina Kirchner, denunció «presiones» por parte del macrismo y avaló la idea de una «persecución judicial» contra la vicepresidenta.
