Las corporaciones tienen los roles de defender los intereses de un sector y de interlocutores de la política para los cambios. Se le atribuye a Perón, desde el estado, la expansión del poder sindical. Pero el aludido objetaría, y pienso que diría: “le saqué a los sindicatos los inciertos negocios políticos de la seguridad social, como la jubilación, y los formalicé en el estado; y propicié las obras sociales, pero sin ley general, pero el que le dio el poder por ley fue Onganía, tratando de conseguir su benevolencia”. Lo cual significa mucho en un país que, desde 1930, fue crecientemente gobernado por acuerdos o rencillas de las corporaciones militar, iglesia, sindical, profesionales, o empresarial.

En encuestas de opinión sobre las instituciones argentinas el sindicalismo “rankea” muy bajo. Sin embargo, es difícil encontrar una huelga sectorial o general fracasada. Es que los sindicalistas aprendieron a ser perspicaces políticos sectoriales y su adhesión mayoritaria al peronismo no engaña: primero son corporación y no partido; tienen su prestigio, poder, privilegios, en la defensa de los intereses sectoriales y no globales. Hubo intentos democráticos de encauzarlos: el gobierno de Alfonsín lo ensayó con la ley sindical en 1984 y la de seguro de salud en 1985, la primera fracasada en el Congreso y la otra desangrada por la larga negociación hasta convertirse en un texto más inocuo. Yo recuerdo mi experiencia con uno de los emblemas del sindicalismo de aquellos años, Lorenzo Miguel. Tuve dos reuniones con él a solas, discutiendo el proyecto de salud. Miguel era inteligente y entendía con claridad las razones del gobierno que hacían del proyecto un paso adelante en la equidad social. Pero no podía conceder el recorte del poder sindical que implicaba. Ratifiqué dos conceptos: que la fuerza de los intereses inmediatos modela la conducta de la mayoría en las instituciones; y que todo intento renovador necesita, en una democracia, un caudal de opinión pública que descoloque a las corporaciones que se oponen. Todo intento de redistribución de poder enfrenta, como afirmaba Maquiavelo, las fuerzas de los que se sienten despojados de algo que creían les pertenecía.

Una diferencia entre la autocracia y la democracia estriba en que esta última es un equilibrio inestable de fuerzas, sólo haciéndose sólida por abajo en la convicción de la ciudadanía, mientras que la autocracia puede subsistir, por un tiempo, merced a un grupo despótico, el engaño y el miedo popular. Argentina está en democracia muy imperfecta, y el peso de las corporaciones sólo puede ser moderado por un ámbito político afianzado. Lo que conspira en contra en el país es que nunca estuvo más débil ese ámbito que ahora, lo cual implica alta vulnerabilidad frente a los intereses sectoriales. Y por otra parte, hoy hay mucha más diversidad de actores en la sociedad; hablar de “los trabajadores”, refiriéndose a los agrupados en la CGT, ¿es lo mismo que en los años ’40, teniendo en cuenta ahora el 40% de mercado laboral informal, los muchos cuentapropistas, y la variedad de intereses, incluso entre los incluidos, en el mercado formal? Lo habitual en el pretérito era que los partidos políticos representaran objetivos de clases sociales, pero hoy tiene dificultades la política para adaptarse a la heterogeneidad de la sociedad moderna.

En resumen, el desarrollo sindical históricamente trajo beneficios a los trabajadores de la economía formal, pero su tendencia a la desmesura, la feudalización de su vida interna, y a la par, el poco desarrollo del sistema político, dificultan la maduración de la cultura democrática. La corporación militar durante décadas se sintió reservorio del “ser nacional” y hoy, habiendo aprendido la pedagogía del fracaso, funciona acorde al ritmo de la sociedad. Resta en el país que la corporación sindical haga lo mismo. Y no va a ser posible antes de que la política salga de su marasmo.

(*) Ex ministro de Salud.