En su análisis, deconstruye a la Justicia, observa cada uno de sus sus problemas y limitaciones, pero expone propuestas para que el sistema responda rápido ante los delitos de corrupción, sea más accesible a la ciudadanía y salga de un proceso de letargo. Miguel Alberto Piedecasas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, habló con El Tribuno sobre los cambios necesarios en los tribunales. Para el abogado son claves tres aspectos: una modernización tecnológica, la oralidad y la aplicación de nuevas normativas.

El Gobierno va por reformas como la fiscal y la laboral, ¿la Justicia también necesita ingresar en una nueva etapa?
Yo estoy de acuerdo con el planteo de la modernización de la Justicia. Es una etapa absolutamente necesaria y debe tener distintos elementos. El primero es la llamada revolución tecnológica en todos los ámbitos. Debemos dar el paso fundamental hacia el mundo digital: con un expediente, notificación y firma electrónica. Hay que saltar cualitativamente del mundo papel al digital, eso me parece fundamental. Días atrás tomamos 40 entrevistas para juzgados nacionales y una de las preguntas que les hacíamos a los aspirantes a jueces era cómo salimos de esta duración irrazonable del proceso. Todos contestaron con dos respuestas: una de ellas es el expediente digital y la otra, la oralidad. Salir del proceso escrito al oral en todos lo ámbitos.
En el ámbito penal, además, creo que hay que ir de una vez por todas al modelo acusatorio. En otros ámbitos tuvimos un nuevo Código Civil y Comercial, que trae nuevas figuras modernas, es decir hay una modernización normativa.
En el ámbito penal se necesita poner en funcionamiento la nueva ley 27.069, el nuevo Código Procesal Penal. Vamos a un sistema acusatorio, de oralidad, de participación ciudadana, con tribunal de jurados, los amigos del tribunal, los procesos colectivos. El Gobierno también está trabajando en un nuevo Código Penal, yo lo veo necesario.

En Salta se cuestionó las superfacultades del Ministerio Público. ¿A nivel nacional no ve esos riesgos? ¿Hubiera sido posible con la exprocuradora Gils Carbó?
Es un buen momento para hacer la reforma. Lo que sucedía con la procuradora Gils Carbó es que evidentemente era una figura que tenía muchos cuestionamientos, y por lo tanto había una desconfianza en un modelo acusatorio que empodere a los fiscales. Pero en la Argentina necesitamos fragmentar el poder de investigación respecto del poder de juzgamiento. De lo contrario, tendremos los mismos problemas de siempre. Creo que la apuesta es válida y fuerte hacia un sistema acusatorio y oral. En materia penal, combinaría tres elementos: el modelo acusatorio, la oralidad y la tecnología.

¿Cree que demorará mucho tiempo en implementarse?
No debería. Es el momento político adecuado para hacerlo. La ley ya está aprobada, la Comisión Bicameral está funcionando bien, se están haciendo las capacitaciones… Yo estoy convencido de que esto debe ser acompañado de modelos de participación ciudadana en los ámbitos civil, laboral, penal, en todos en verdad.

¿Cree que la sociedad está preparada para participar?
Sí, hay que difundir todos los esquemas de procesos colectivos, la legitimación activa, la participación de la ciudad en audiencias públicas, los amigos del tribunal, el tribunal de jurado.
Los amigos del tribunal, por ejemplo, no son para usarlos en la generalidad de las causas, sino en aquellas donde se necesitan participaciones individuales y colectivas, con experticia o con la necesidad de un aporte que ayude a una mejor decisión judicial. Estoy observando, lo importante de todo aquello de ampliar la legitimación colectiva en los juicios de los consumidores, en la necesidad de protección del ambiente…

¿Cambiará con esto la mirada del ciudadano con respecto al funcionamiento de la Justicia?
Debería cambiar. La sociedad debe observar que puede acceder con mayor facilidad al sistema de justicia, que va a recibir una respuesta más inmediata y que puede verle la cara al juez. Cuando brinda estas tres respuestas, la sociedad verá un cambio. No significa que los conflictos desaparezcan.

¿Los conflictos van mutando?
Depende del ámbito, no es lo mismo lo civil que lo penal. En lo penal ha comenzado ha llegar el delito complejo: narcotráfico, corrupción, lavado… No observamos que la estructura del sistema de justicia esté preparado para una respuesta inmediata, ni tampoco el esquema normativo. Veo como muy importante que se sancione la ley de extinción de dominio, que también se sancione una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se modifique la ley de defensa de la competencia. Yo veo estas reformas como absolutamente necesarias para combatir la criminalidad organizada.

Uno tiene la idea de que las causas de corrupción avanzan cuando las personas se van del poder. ¿Cuál es su visión?
El año pasado, el Consejo de la Magistratura, con mi presidencia y un gran debate, aprobó las auditorías en materia de corrupción en los juzgados federales penales de todo el país. Se terminó el procesamiento el día 31 de octubre y ahora viene la vista a los auditados. Luego de 30 días vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía un cuadro estadístico para mostrar cuántas causas de corrupción hay en la Argentina, cuánto duraron los procesos y cuántas indagatorias se tomaron, para observar esta problemática. Yo tengo una percepción: la Justicia siempre investiga al poder cuando ha perdido intensidad. El gran desafío de todo el sistema es investigar los actos de corrupción en tiempo real, es una problemática en el mundo. Investigar al poder requiere un sistema que funcione adecuadamente, pero con normas y estructuras adecuadas. Es importante el recurso, como la policía judicial, porque si no se depende de la fuerza de seguridad, que hace la tarea operativa. Entonces la policía judicial o científica generan grandes desafíos, son herramientas con las que tiene que contar la Justicia. Sin recursos tecnológicos, la investigación de delitos como la corrupción o el narcotráfico se torna complicada.

¿Por qué hubo tanto letargo en la designación de jueces? En Salta el juez Bavio subrogó durante ocho años…
Bueno, dijo hubo, en tiempo pasado. En los últimos cuatro años del gobierno anterior solo elevaron 45 ternas. Se había observado un intento de penetración o colonización de la Justicia, entonces el Consejo se contrajo. Desde el 2002 al 2015 el Gobierno nombró el 83 por ciento de los jueces titulares. Si continuaba esa tendencia, iba a lograr el 100 por ciento de los jueces. Como no podían obtener, acudieron a la ley de subrogaciones, que después la Corte declaró inconstitucional. Ahora, en dos años y ocho meses llevamos 123 ternas, y llegaremos a 150. El Consejo recupera la función que fija la Constitución. Hoy, no obstante, hay 39 ternas en el Ejecutivo y 27 en el Senado. O sea hay 66 jueces que pueden ser designados.