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La comisión de juicio político sesionó en la Cámara de Diputados este jueves para analizar los pedidos de juicio político impulsados contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño. La sesión se dio en medio de las duras críticas de la oposición, donde Juntos por el Cambio auspició de abogado defensor del organismo y apuntaron a que el mecanismo constitucional es una «puesta en escena» y un «circo» del oficialismo, que por su parte, afirmó que el objetivo del enjuiciamiento «es preservar la institución de pésimos funcionarios».
Al inicio de la sesión, pasadas las 11 de la mañana, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) brindó un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político, desde el análisis de la admisibilidad de las denuncias a los acusados, pasando por la apertura del expediente de acusación, la etapa sumarial de producción de las pruebas, y la eventual votación en el recinto.
Además, adelantó que la próxima sesión, el jueves 2 de febrero, los los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, en el recinto necesita dos tercios de votos para poder declarar culpables a los acusados, con los cuales no cuenta en ninguna de las cámaras.
«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia», afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
A su turno la oposición criticó el peido de juicio político y el vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión, Omar de Marchi (PRO) catalogó a la reunión como una «puesta en escena que ofrece el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario».
Además, insistió en que el juicio político «no forma parte de la agenda principal de la Argentina», ya que ésta tiene que ver con «el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo
hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables».
Según De Marchi, «la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular» al Poder Judicial que «tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina», en clara alusión a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de CABA contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes», manifestó el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, minutos más tarde.
Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».
«No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Germán Martínez, al señalar que «no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso», aseveró el jefe de la bancada del FdT.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país «les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas economicos».
La referente del PTS denunció que Juntos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.
«Nadie habla del ajuste brutal que esta llevando adelante Sergio Massa», apuntó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales.
Sin embargo, respecto de la Corte la diputada del FIT aseguró que «hay grandes motivos para cuestionar» a este tribunal que «es la Corte del 2×1». Y apuntó: «Llega al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez suprema (por Horacio Rosatti) pueda autopercibirse presidente del Consejo de la Magistratura».
«Impugnamos claramente que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones», concluyó.