Política
Fue un día histórico en sentido estricto. Por primera vez, en la Argentina una personalidad política de primer nivel fue condenada a una pena de cárcel por un delito de corrupción mientras ejerce un alto cargo en el gobierno. Un tribunal federal declaró ayer a Cristina Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitó a perpetuidad. La decisión sin precedentes se tomó en la “Causa Vialidad”, que investigó la obra pública de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
La vicepresidenta reiteró los mismos argumentos políticos para defenderse de los delitos que se le imputan pero sumó una novedad. Pese a que integró desde 2003 la centralidad absoluta del poder político en Argentina -incluso durante los cuatro años de Mauricio Macri- afirmó que la condenaron porque “yo nunca voy a ser una mascota del poder”.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron los responsables de un veredicto que todavía no tiene efectos jurídicos prácticos pero sí efectos políticos inmediatos: la jefa del Frente de Todos pronunció un estridente discurso por las redes sociales en el que embistió contra la Justicia y anunció como un desafío a sus rivales que no será candidata a nada el año que viene.
Aunque se declaró artífice y protagonista de los cuatro gobiernos kirchneristas de las últimas dos décadas, se declaró víctima de una “mafia” y de un “Estado paralelo”.
Durante casi una hora, la vicepresidenta se ocupó de darle difusión a la operación de espionaje ilegal contra jueces, fiscales y empresarios, con el objetivo de desprestigiar a la Justicia, la oposición y los medios de comunicación. Ahondó en el contenido de supuestos mensajes, cuya veracidad es incierta por la propia ilicitud de su origen, que reveló el lunes el presidente Alberto Fernández por cadena nacional.
En la transmisión por Youtube, Cristina Kirchner se dedicó a hablar de las supuestas comunicaciones que tuvieron los participantes del viaje a la mansión de Lago Escondido del magnate Joe Lewis. Ninguno de ellos tiene relación con el expediente por el cual terminó condenada, pero les sirvieron de insumo para su teoría.
“Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua”, afirmó y reiteró el argumento de que la quieren “presa o muerta”.
“No soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder, esto quiero decirlo. Y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la patita, hacerte la muertita, bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen”.
La vicepresidenta pronunció un concepto nuevo para resignificar un argumento que está incrustado en el ADN del kirchnerismo. Pese a que ejercieron el poder sin cortapisas desde la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presidencia de la Nación, siempre se mostraron víctimas y rivales de los “poderes fácticos”.
Es, en concreto, la forma que encontraron Néstor y Cristina Kirchner para desalojar de la discusión por el poder a los partidos y dirigentes políticos. En ese paisaje modelado con deliberada precisión, los empresarios, los medios de comunicación independientes y los jueces que no se alinearon políticamente tuvieron un papel central.
En el discurso -que tuvo momentos de emotividad desbordada- retomó esa caracterización, pese a que durante los cuatro años que gobernó su esposo impuso cambios tan significativos como la reforma de la Corte Suprema, ejerció ocho años la Presidencia, tuvo un rol clave en los cuatro años del macrismo, y mantiene actualmente un derecho de veto sobre rumbo y medidas concretas por encima del presidente.
¿Quién le impidió a Alberto Fernández nombrar a Daniel Rafecas como Procurador General? ¿Quién obligó al presidente a prescindir de Martín Guzmán y una decena de funcionarios más? ¿Quién impidió en el Senado nombrar los pliegos de generales que mandó el presunto jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Son preguntas retóricas que señalan, en los hechos, a la persona que ejerce el poder real.