La diputada Alejandra Navarro recordó en el recinto que la ley de salud intercultural fue sancionada por la Legislatura en diciembre de 2014, subrayó que está por cumplir ocho años y aún no fue reglamentada por el Ejecutivo.

La legisladora por Anta marcó la necesidad de avanzar en la reglamentación para que se dé cumplimiento con lo que fija la ley: crear una red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para las comunidades originarias.

El diputado por San Martín, Jorge Restom, remarcó que se trata de una vieja deuda con las comunidades originarias y expresó el convencimiento de que esta ley «cambiará la vida de nuestros pueblos originarios, profundizando y garantizando sus derechos».

Los diputados Santiago Vargas por San Martín y Cristina Fiore por Capital coincidieron en manifestar la importancia que también representa la designación de facilitadores interculturales bilingues.

Pueden contribuir al acercamiento y entendimiento con quienes requieran asistencia médica y la creación de albergues para familiares en las cercanías de los centros sanitarios, sintonizaron.

Por su parte, la diputada Ramona Riquelme, también del departamento Orán, subrayó que se trata de una deuda histórica que tiene la provincia con los pueblos originarios. La legisladora consideró imperiosa la reglamentación de la ley, para de esa manera poder garantizar una asistencia integral a los pueblos originarios. La declaración fue impulsada por los diputados Gladys Paredes, Matías Monteagudo y Santiago Vargas.