Arrancaron las negociaciones paritarias. Algunas ya apuntan al próximo año, mientras que otras tienen pendiente la posible aplicación de claúsulas gatillo.

Un clima de entusiasmo envuelve al Gobierno. Por estas horas, los funcionarios festejan los datos oficiales que muestran una mejora de la economía y la baja de la pobreza.

Las paritarias de este año, además, cerraron en un promedio del 21%, un número cercano a la inflación anual que prevé la mayoría de los analistas.

Pero de cara al 2018 hay menos certezas. Si bien el Ejecutivo mantiene oficialmente su fe en la meta del Banco Central -12% como máximo en todo el año-, hay cifras en el proyecto de presupuesto que permiten suponer que se trabaja sobre una hipótesis más cercana al 16%.

Por lo pronto, esa es la pauta salarial a la que se apunta para los trabajadores estatales. Y se  busca que en el sector privado no se cierren acuerdos que se alejen demasiado de ese número.

Sin embargo, con las primeras negociaciones en marcha -y cuyos acuerdos regirán durante todo el año que viene- ya está quedando en claro que las aspiraciones gremiales desafían las expectativas oficiales.

Se trata de los convenios que alcanzan a más de 360.000 trabajadores, quienes se desempeñan en áreas como campo, el sector aeronáutico, bancos e industria farmacéutica y azucarera.

En plena discusión, los gremios de esas actividades ya elevaron pedidos de aumento de entre el 24% y el 35%.

Las autoridades también siguen con atención los acuerdos que incluyeron cláusulas gatillo y que podrían dispararse a fin de año.

Comercio, Estatales (UPCN) y Construcción convinieron que si la inflación supera las subas acordadas, del 22%, los salarios deberán ajustarse en línea con el costo de vida. El problema es que en la Rosada ya admiten que la evolución de los precios podría superar ese registro.

Las miradas están puestas en el gremio bancario, liderado por Sergio Palazzo, que también incorporó una cláusula de reapertura y cuyo acuerdo vence en diciembre.

Luego de un fuerte conflicto, en el que intervino el Ministerio de Trabajo y la Justicia, el bancario cercano a Cristina Kirchner cerró una suba del 24,3%.

No son pocos los sindicatos, a su vez, que se quejan por no haber recuperado aún el poder adquisitivo perdido en 2016, que oscila entre los 7 y 13 puntos, según el caso.

En este marco, suma presión extra la liberación de los precios de los combustibles, anunciada por el Ministerio de Energía y que se espera para después de las elecciones.

«Esa medida genera un nuevo impulso inflacionario y cambia el escenario de las paritarias», advirtió en un comunicado la CTA Autónoma.

La primera prueba de fuego, sin embargo, tendrá lugar con los peones rurales de paga mensual, que se disponen a cerrar su paritaria la semana próxima.

Se trata de un caso testigo ya que fija la categoría de referencia para la actividad y alcanza a 350.000 de los cerca de 800.000 trabajadores comprendidos en las 150 ramas del campo.

«Por la cantidad de actividades que cubrimos, vivimos de paritarias todo el año, pero esta es la más importante y pedimos una recomposición salarial del 35%», afirmó a iProfesional el secretario de prensa de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre), Alberto Ibarra.

La nueva remuneración -hoy en $9.700 de bolsillo promedio, por debajo de la canasta básica- será definida por la Comisión Nacional de Trabajo Agraria, que viene de acordar subas de entre 22 y 23%, con excepción de la yerba y el limón, donde los incrementos fueron del 18% y el 31,5% respectivamente.

El último caso se vio favorecido por los acuerdos comerciales para exportar cítricos a Brasil y México.

La reunión tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, encabezado por la subsecretaria de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Silvia Squire, funcionarios de Hacienda y Agroindustria, representantes de las cuatro patronales (SRA, CRA, FAA y Carbap) y los delegados del gremio rural Jorge Herrera y Paulo Ansaloni, candidato a diputado de Cambiemos.

Salarios y convenios

En el sector aeronáutico, también se discute la paritaria «madre» que engloba a 11.000 empleados del Grupo Aerolíneas y Austral, y la de Intercargo, que suma otros 1.000.

En medio de las tensiones por la llegada de las líneas aéreas «low cost» y la revisión de convenios, las autoridades ofrecieron el miércoles pasado un 16%, una cifra en sintonía con la pauta del 2018, pero «irreal» para los gremios.

«En 2016, la inflación del 40% nos comió los salarios, así que este año partimos de un piso del 24%», explicó Rodrigo Borras, el secretario de prensa de APA, el sindicato mayoritario de la actividad, que está encolumnado en la CTA.

El número esperado es similar al de la inflación del 2017 medida por CIFRA, un instituto vinculado a la CTA de Hugo Yasky, y el observatorio de la Universidad Metropolitana (UMET), integrado por gremios de la CGT y las centrales alternativas.

Con todo, el Frente Sindical integrado por los pilotos y técnicos (APLA y APTA), personal (APA) y aviadores (UALA) solicitó al Ministerio de Trabajo la extensión por 5 días hábiles de la conciliación obligatoria dictada con anterioridad y se abstuvieron de anunciar medidas de fuerza como una muestra de «buena voluntad».

La paritaria aeronáutica debía haberse cerrado en marzo pasado, pero los gremios aceptaron extender su vencimiento hasta septiembre.

Por ese motivo, según como se mire, es la última del calendario o la primera del período entrante. Uno de los cambios es su plazo, que esta vez será de 12 meses, en lugar de 18, como venía ocurriendo desde 2011.

La nueva dinámica salarial refleja por anticipado el impacto del plan oficial para 2018, que contempla un mayor recorte de subsidios y la apertura de los cielos.

Son medidas resistidas en los sindicatos por el temor a que la «competenciadesleal» agudice el déficit en Aerolíneas Argentinas.

Pero también por el interés de las líneas de bajo costo en extender la jornada de las tripulaciones y sumarles tareas, como adelantó iProfesional hace dos semanas.

Sin paritarias desde 2016, la negociación en la industria farmacéutica luce más conflictiva. El acuerdo debía haberse cerrado en julio pasado, pero la discusión está estancada y el Ministerio de Trabajo no convoca a las partes desde mayo, hasta que no haya un arreglo previo.

Además de un 37% de incremento correspondiente al año pasado, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) pide un 28% para 2017.

Pero la cámara del sector le exige a los visitadores médicos incorporar «cláusulas de flexibilidad», como la reducción de representación gremial. El conflicto, que incluyó movilizaciones y desafiliaciones promovidas por la patronal, motivó denuncias cruzadas en la Justicia.

En la industria azucarera, el retraso de los salarios desató un paro de 96 horas con cortes de trabajadores del Ingenio Ledesma y la represión policial.

Los trabajadores de la fabricante de azúcar más grande del país piden elevar el salario un 35%, de $16.200 a $21.900, en línea con Salta y Tucumán, mientras que la empresa ofrece llevarlo a $19.750. El conflicto motivó un comunicado de la CGT en las últimas horas en repudio a la represión de la policía de Jujuy.

Así las cosas, los salarios vuelven a estar en la agenda y anticipan un 2018 con fuertes tironeos, justo en momentos que el Gobierno busca enviar de señales de confianza a los inversores y avanzar en el diálogo con la central obrera para consensuar la primera fase de la reforma laboral.