Fue sentenciado a ocho años de prisión.
El ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri, presentó su renuncia luego de que la Justicia lo condenara a ocho años de prisión por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.
«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», comunicó el diplomático a través de su cuenta de Twitter. El presidente Alberto Fernández aceptó su dimisión.
El ex gobernador fue condenado este jueves a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015. También le impusieron una multa de $180.000.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que «con pleno conocimiento» se «echó mano a fondos» provinciales para un «interés netamente particular», en referencia a una «campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente» en las elecciones de 2015. También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados.
Contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.
Los fiscales consideraron además que se trató de un «direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri», y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían «retornar parte del dinero».
Para la defensa del ex gobernador todo se trató de una «persecución político judicial».
«¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?», planteó Urribarri en los alegatos de clausura. También mencionó «las embestidas de periodistas obsesionados» con él y su familia.
El ex gobernador aseguró que se llegó a juicio «a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática» y sin «racionalidad ni objetividad».
«La propia fiscalía reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso, y ninguna, absolutamente ninguna, de las pruebas ofrecidas por cada una de las defensas fueron tenidas en cuenta», sostuvo. «Nunca -continuó- se vio semejante aberración jurídica. Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años».
Urribarri aseguró que continúa siendo víctima de «ensañamiento e injusticias», y sostuvo que el fallo es «el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios».
Finalmente, remarcó que «solo es cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad» para demostrar «de forma contundente» su inocencia.
«Nunca me voy a someter a la operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento de la política. Hagan lo que hagan y pase lo que pase, nunca voy a dejar de hacer política», concluyó Urribarri.