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El pago de sentencias a jubilados y actualización de haberes anunciado ayer por el Gobierno puede volcar más de $ 50 mil millones en el segundo semestre que,
en el mejor de los casos, podría poner fin a la caída del consumo
prevista para este año, según analizan algunos economistas. Pese al
efecto de corto plazo, plantean que en el largo plazo el sistema puede
ser imposible de financiar.
El monto incluye los pagos retroactivos y las primeras cuotas actualizadas desde que se apruebe la ley hasta fin de año.Todo
dependerá de la velocidad con que salga del Congreso y si el proyecto
se aprueba como lo presenta el Ejecutivo, que detalló que los pagos
serán graduales, de a cien mil jubilados por mes. A esto sumarán las actualizaciones y la Pensión Universal, que volcaría unos $ 3 mil millones más en un año. Todo se pagará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que absorberá los fondos que entren del blanqueo.
Es una medida que intenta estimular el consumo, mejorar las expectativas. El Gobierno ahora está focalizado en impulsar el crecimiento. Por eso la baja de tasas de interés del Banco Central.
Esta es una medida importante por el impacto directo a los casi dos
millones de jubilados que se puedan incluir como beneficiarios, explicó
el economista de ACM, Maximiliano Castillo, quien sin
embargo aclaró que el impacto de corto plazo dependerá de los tiempos
administrativos y judiciales. Puede estimular para poner un piso a la
caída del consumo. Antes de crecer, hay que dejar de caer, sostuvo
Lorenzo Sigaut, de Ecolatina, que prevé una baja del 2% en el consumo para el primer semestre. Se ha extendido mucho la etapa de ajuste y se empieza a ver cierto límite social, agregó.
El consumo está en su peor momento, tras los ajustes de tarifas y con las paritarias que recién comienzan a pagarse, detalló Fausto Spotorno,
director del estudio de Orlando Ferreres. El paquete anunciado puede
representar 1,5 puntos de PBI, lo que puede ayudar al consumo, agregó.
Sustentabilidad. En el caso de la recomposición de
haberes, seguramente irá al consumo mientras que por el pago de juicios
puede ir una parte al ahorro, estimó Marina Dal Poggetto, del Estudio
Bein. Sin embargo, advirtió que en el largo plazo es difícil de
financiar ya que el Gobierno está proponiendo un aumento de un flujo
permanente con un ingreso de capitales que no va ser suficiente; se está tomando una decisión de largo en función del corto plazo, ponderó la economista.
El Gobierno incorporó en el proyecto la creación de una comisión para
analizar la reforma del sistema previsional en un plazo de tres años. El sistema previsional representó en 2015 el 37% del Gasto Público de la Nación y
las decisiones que se tomen al respecto sin financiamiento son más que
importantes en torno a la necesidad de ir acotando el déficit fiscal,
condición necesaria para asegurar que el aumento en la deuda no se torne
insostenible. Después de la moratoria hay una relación Activos/Pasivos
en torno a 1,5, detalló el último informe de Bein en una lectura que
comparte el Gobierno.
